El 6 de julio de 1989 se consumaba el golpe de Estado incruento, como dijo nuestro gran dirigente Jorge Cruickshank García: Salinas tomaba por asalto el poder a pesar de que Cuauhtémoc Cárdenas, disidente del PRI y representante de los sectores nacionalistas, junto con el PPS, el PARM el PFCRN ganaron la elección, aunque ahora hasta el propio Cárdenas se olvida de quién redactó el programa de Jalapa. En fin. No se olvide que el PMS faltando un mes para el 6 de julio, por fin, apoyó a Cárdenas muy oportunamente.
Empezaba el neoliberalismo. Desde entonces toda la política mexicana había de girar en torno a las ideas neoliberales. Aquí sólo nos vamos a ocupar de ciertos procesos electorales. Urgido de reconocimiento y tratando de legitimarse post-fraud, Salinas ordenó que en Baja California en las elecciones del 2 de julio de 1989 se le diera el triunfo al ciudadano panista nacido en San Diego California el 25 de junio de 1952, Ernesto Ruffo Appel como recompensa al apoyo del PAN al fraude y a la legitimación salinista. Más: al realizarse las elecciones en Guanajuato en julio de 1991 con las candidaturas de Ramón Aguirre del PRI y Vicente Fox, debido a las rudas presiones del PAN y a “concertacesiones”, se obligó a Aguirre a renunciar y Medina Plascencia del PAN sin un voto ciudadano, salvo el de Salinas, fue el gobernador interino: 1991 a 1995.
Ese es el prólogo. Muy indecente prólogo de acuerdos bajo la mesa entre priistas sucios y panistas corrompidos. Pero lo que acaba de saberse es para dar vómito: Ante la expectativa de la aprobación de la flamante reforma energética de Peña Nieto los senadores y dirigentes panistas y del PRD exigieron once, sí ONCE gubernaturas… que tendría que operar INE salpicándolo de más lodo que el que ya acostumbraba. Lorenzo Córdoba Vianello se encargaría de planchar todos esos procesos para que aparecieran como muy “limpios y democráticos”.
Recordamos aquí la frase histórica de José Stalin: “En la democracia burguesa, no cuentan los votos. Cuentan los que cuentan los votos”. Pero no conformes con haber pactado el negocio de las ONCE gubernaturas a espaldas del voto ciudadano, tuvieron el cinismo de ir al gobierno de Peña a pedir dinero y se sabe por datos que ha facilitado Lozoya, (que les advirtió: “me salvan o los hundo, y tengo pruebas”), que les dieron seis millones mensuales en campaña por cinco meses: 30 millones por candidato. Hay videos y grabaciones. Por eso urge darle al sistema electoral una transformación a fondo y sin piedad. Argumentos y evidencias sobran.
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