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VIENTOS REPRESORES RECORREN MÉXICO

En diferentes estados de la república mexicana se está gestando un fenómeno que está alarmando a representantes y líderes de grupos de derechos humanos y, por supuesto, a los medios de comunicación, señaló Eloí Vázquez, comisionado político del PRD, es la represión disfrazada de “aplicación de la ley”.

Aprovechando la creciente inseguridad que se fue gestando por la guerra iniciada por Felipe Calderón, la población civil quedó a la deriva, expuesta y frágil, atrapada entre dos fuegos, el del crimen organizado y el de la autoridad, se prestó para que los gobiernos pretextaran el legítimo uso de la fuerza ante los ciudadanos. En los últimos años se han concentrado brotes de autoritarismo en gobernadores como Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Ángulo y, un poco antes, el represor por excelencia: Ulises Ruiz Ortiz.



Hoy son tres los gobernadores que están en la mira de organismos civiles, activistas y líderes sociales por leyes polémicas que han impuesto en sus estados. Dos son del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno de Partido Acción Nacional (PAN). A decir de la sociedad civil, las legislaciones violan derechos fundamentales como la libertad de expresión y sirven como pretexto para reprimir a la sociedad.

Lo más reciente sucedió el miércoles pasado, a propuesta del Gobernador priista Mario López Váldez, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJESIN) en las que limita el trabajo de los medios de comunicación en la cobertura policiaca.

Todavía no superamos las dos polémicas legislaciones que permiten el uso de armas y de la fuerza pública para contener manifestaciones, la “Ley Bala” (actualmente en la congeladora del Congreso local para ser abrogada), diseñada y ejecutada por el Gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, y la conocida como “Ley Garrote”, que podría dar marcha atrás, luego de que el Gobernador de Chiapas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, pidiera su abrogación.

En este sentido, continuó Eloí Vázquez, para diversas organizaciones de la sociedad civil, estas iniciativas restringen los derechos a la libertad de expresión y de reunión, por ejemplo, el Frente por la Protesta Social y la Libertad de Expresión, reiteradamente ha denunciado “el intento del Estado mexicano de criminalizar la protesta social”, por medio de un “andamiaje legal”.

En el Partido De la Revolución Democrática (PRD), finalizó Vázquez López, existe preocupación por el avance que han presentado este tipo de iniciativas represoras que pretenden criminalizar la protesta social, regular las marchas, las manifestaciones y el trabajo periodístico, contraviniendo a nuestros principios e ideología. Por lo tanto, apoyamos el trabajo que los diputados locales de nuestro partido han realizado en contra de la promulgación de estas leyes.