Mundo. – La Fiscalía de Venezuela ha iniciado una investigación contra el presidente argentino, Javier Milei, y varios miembros de su gabinete, por supuestos crímenes de lesa humanidad y el “robo” de un avión perteneciente al Estado venezolano que fue inutilizado en Estados Unidos.
Este anuncio se produce pocos días después de que el gobierno argentino solicitara a la Corte Penal Internacional (CPI) el arresto del presidente Nicolás Maduro, en medio de acusaciones de la oposición y la comunidad internacional sobre un aumento de la represión en el país tras las controvertidas elecciones del 28 de julio.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, explicó que, amparándose en el derecho internacional, se investiga a Milei y a figuras clave de su administración, como Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; así mismo, mencionó que el gobierno argentino podría estar involucrado en graves violaciones a los derechos humanos.
El avión en cuestión, operado por la compañía venezolana Emtrasur, había estado retenido en Argentina y fue posteriormente incautado por las autoridades estadounidenses por supuestas violaciones a las sanciones internacionales. Saab subrayó que la investigación incluye múltiples cargos, desde robo agravado hasta privación ilegítima de libertad.
Frente a estas acusaciones, el gobierno argentino expresó su rechazo a las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía venezolana y afirmó que la situación del avión fue resuelta por el Poder Judicial argentino, un órgano independiente que no puede ser influenciado por el Ejecutivo, enfatizando la diferencia con el sistema judicial en Venezuela.
El Boeing 747, anteriormente operado por Mahan Air de Irán, había estado inmovilizado en Argentina desde junio de 2022. Su tripulación, compuesta por 14 venezolanos y 5 iraníes, fue detenida temporalmente, pero luego liberada.
En el contexto de estas tensiones, Saab anunció que se designará un fiscal especializado en derechos humanos para investigar las acciones del gobierno argentino, especialmente en relación con las manifestaciones reprimidas.
En contraste, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia han solicitado el arresto de Maduro y otros funcionarios por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La situación se complica aún más dado que Argentina, bajo el gobierno anterior de Alberto Fernández, se había retirado de una demanda conjunta contra Maduro, pero recientemente, el gobierno de Milei ha decidido reincorporarse a la denuncia ante la CPI.
