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Sospechosos del caso Ayotzinapa fueron obligados a inculparse a base de torturas: AP

Por Redacción Expresso

Ciudad de México a 13 de mayo de 2016.- A finales del mes pasado el gobierno mexicano dio por finalizados los servicios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes habían llevado a cabo la investigación respecto al caso Ayotzinapa.

Ahora casi un mes de la partida del GIEI salió a relucir un documento, del cuál no se tenía conocimiento, en el que al menos 10 sospechosos de la desaparición de los 43 estudiantes, indicaron haber sufrido amenazas y torturas por parte del gobierno para así poder sustentar su “verdad histórica”, que hasta el momento siguen defendiendo a capa y espada.

Los archivos fueron revelados por la agencia de noticias The Associated Press, en ellos diez de los supuestos sicarios revelan que fueron víctimas de interrogatorios con golpes, choques eléctricos, asfixias parciales con bolsas de plástico y amenazas, todo para lograr que “confesaran” lo que el gobierno quería escuchar.

Incluso, algunos afirman que el propio gobierno les dio evidencia preparada y les indicaron lo que debían decir. Tristemente, hay pruebas que pueden confirmar estos informes; el mes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un informe acompañado de informes médicos que confirman la presencia de tortura en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

“Primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno. Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir”, publicó AP.

La agencia citó informes médicos publicados en abril pasado por la CIDH, en los que se confirma que hubo torturas para obligar a los sospechosos a incriminarse.

“En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo”, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes, citó AP.

“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino”, dijo el hombre.

“Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”, agregó la agencia.

The Associated Press destacó que la declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan, del mismo municipio.

La AP también citó el testimonio del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un integrante de PGR abusó de él horas después de su detención en febrero de 2015.

“El señor aquí presente fue un uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plásticos, que además me violó con una pieza metálica”, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia el detective Gabriel Valle Campos, según los documentos citados por la AP. “Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo”.

El pasado 29 de abril, el GIEI entregó a la PGR una serie de recomendaciones sobre el caso Ayotzinapa.

El grupo pidió a la Procuraduría “investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales”.

Entre tales delitos citó desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, y lesiones y amenazas que sufrieron los estudiantes sobrevivientes.

El pasado 18 de abril, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) Roberto Campa Cifrián, dijo que la tortura no se justifica en ningún caso y que las policías así como los elementos de seguridad en México deben ser defensores de los derechos humanos.

Por su parte Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), ofreció disculpas el pasado 16 de abril por los actos de tortura que cometieron dos elementos del Ejército mexicano en contra de una mujer de Guerrero; el hecho de tortura ocurrió el 4 de febrero de 2015 y un video al respecto fue difundido a principios de abril pasado.

Fuente: Expansión