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Sí – La Opinión de Miguel Pérez Pompa

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Desde agosto del año pasado en que Alina Duarte, Ariadna Bahena y Omar García quienes han sido los principales promotores del Juicio a Expresidentes, entregaron la carta intención en el Senado de la República para realizar una consulta ciudadana, se han vivido distintos momentos en el debate público que han pasado desde querer ignorar el hecho de que la consulta se iba a realizar, sobajarla o demeritarla, criticarla por su alcance, costo e incluso generar noticias falsas acerca de la misma, desafortunadamente la gente que voluntariamente se encarga de su difusión no ha corrido una suerte diferente.

En un principio los grupos conservadores levantaron la voz alarmados diciendo que esta consulta popular, solamente es un instrumento electoral o un medio de persecución política, sí, exactamente como el software Pegasus que en algún momento contrataron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que en los hechos servía para poder dar persecución a los políticos, periodistas y demás disidentes de un gobierno que se caracterizó por su corrupción.

De igual manera han repetido hasta el cansancio el hecho de que dicha consulta es un gasto oneroso para las finanzas de un país que ha sido golpeado por la pandemia y que dicho dinero debería ser utilizado en vacunas, sin embargo, dicho dinero forma parte de los gastos ordinarios del INE, sí, el instituto que se ha negado en reiteradas veces a reducir su presupuesto en aras de la austeridad y que no conforme con eso ha negado en algunas ocasiones las donaciones hechas por parte del Morena para comprar insumos médicos.

Desde luego las noticias falsas han tenido el alcance de hacer creer que la consulta no sirve de nada o incluso de que esta es ilegal a pesar de que exista su figura enunciada en la Constitución Política y que esta esté reglamentada en una Ley Federal, así como los grupos conservadores han acusado que la ley no se consulta, no miran con los mismos ojos la ley que da origen a la Consulta Popular, la desoyen de igual manera en la que descalifican a sus promoventes, sí, aquellos que se autonombran como defensores del estado de derecho pero que pisotearon una y otra vez la carta magna para poder encuadrarla a sus intereses mezquinos refunfuñan la aplicación de una ley que no se redactó dentro de sus lobbies.

Al mismo tiempo, el argumento favorito o más fácil es el que se sintetiza el hecho de que la aplicación de la justicia no se debe de consultar, en efecto esta no se debe de consultar con nadie, solamente se debe de aplicar, sin embargo, quienes fustigan con estos argumentos son aquellos que no juzgaron a los responsables de la masacre de Acteal, los que no juzgaron a nadie en el Pemexgate, quienes no encontraron a responsables de la golpiza de Atenco, los mismos que no han pasado un solo día en los juzgados a causa de haber iniciado una guerra ficticia, haber privatizado los bienes del país o haber causado masacres como la de Tlatlaya, sí, estos mismos y sus defensores de oficio son los que reprochan que la ley no se consulta pero que cuando pudieron hacerla cumplir solamente se sumaron al apilamiento de la impunidad.

Sí, aquellos que se han encargado de intentar de difuminar la importancia de una consulta popular, son los mismos que nos recuerdan por qué se debe lograr una gran participación que logre concientizar el hecho de que la justicia no solamente se logra en los tribunales, sino también en los posicionamientos que tiene una sociedad que no olvida.

“No se trata únicamente de horrores del pasado, sino también de daños que permanecen hasta hoy. Además, necesitábamos enfrentarnos a esta parte traumática de verdad que nos era debida y completar el proceso de justicia y reparación al que las víctimas tienen derecho”. – Julio Sherer García. (2006). El perdón imposible.

Las opiniones vertidas en las columnas son de exclusiva responsabilidad de quienes las suscriben y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Monitor Expresso