La evaluación magisterial en Oaxaca debe ser negociación y consenso antes que imposición, aunque la ley del Servicio Profesional Docente se tiene que cumplir. La Secretaría de Educación Pública continúa siendo opaca y manejando a discreción asuntos de acuerdo a intereses políticos más que educativos. En primer lugar, ha demostrado incapacidad para entablar un diálogo serio y responsable con el magisterio oaxaqueño, el Gobierno Federal no ha sabido consensuar las diferencias para llegar a acuerdos en donde coincidan ambas posiciones perjudicando a la educación en el estado, y en segundo lugar, continúa favoreciendo intereses políticos afines al grupo en el Gobierno Federal, afirmó Eloí Vázquez López, comisionado político nacional del PRD. La inconformidad magisterial expresada en Oaxaca ha crecido y la Secretaría de Educación Pública no muestra capacidad negociadora, la aplicación del examen a los profesores en Oaxaca tendría que ver en primera instancia, con la negociación de sus demandas sin provocar enfrentamientos, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta su posición sobre la reforma educativa, por su parte, los maestros afirman que no será aceptada la que impulsa el Gobierno Federal porque afecta los derechos laborales de los trabajadores de la educación y pretende privatizar el sector educativo entregándolo a empresas transnacionales que ven en la educación de los jóvenes un negocio rentable, esto último, expresa más un temor que un análisis específico. Sin embargo, es una versión que debe desactivarse con muestras claras de encauzar una solución. Las posiciones están polarizadas y no hay oficio político para localizar e imponer los puntos de coincidencia, que son muchos más que las diferencias, pero no se distinguen por la carga política de la polarización. En este sentido está programado que los 1163 maestros a evaluar en Oaxaca, y que están registrados en el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica realicen el examen este mes. Por lo que considero provocadora la aseveración del secretario de educación pública, Emilio Chuayffet de que en Oaxaca habrá reforma educativa a cómo de lugar, conminándolos a que presenten su examen en este mes y calificando que “sólo pasará quien sepa enseñar”. Además, justificó el papel de la autoridad, al afirmar que la decisión de posponer el examen se debió a las amenazas de los maestros en el sentido de que cerrarían los centros de aplicación y no a una omisión de la autoridad. Chuayffet con esa actitud demuestra ser un priista autoritario alejado de una visión moderna de la concertación como mecánica de solución de conflictos, para quien imponer el “principio de autoridad” resulta más valioso que la educación de los niños. De acuerdo al informe presentado por el propio Emilio Chuayffet a la Cámara de Diputados, en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a reportes de la Secretaría de educación Pública, en el primer trimestre de 2014, reportó que los líderes de la CNTE, Rubén Núñez Ginez, y del SNTE, Juan Díaz de la Torre, continúan cobrando sueldo en la nómina magisterial no obstante que el artículo 78 de la Ley del Servicio Profesional Docente, establece que: “Las personas que acepten un empleo, cargo o comisión que impida el ejercicio de su función magisterial deberán separarse de su servicio sin goce de sueldo”. De ser cierto como parece, los perjudicados son los mismos maestros a los que representan los líderes de ambos grupos, en este renglón debe haber transparencia, puesto que la autoridad moral de los dirigentes debe prevalecer por encima de todo para ejercer una representación digna. Al continuar en la nómina magisterial, ambos dirigentes incumplen la Ley del Servicio Profesional Docente, 23 gobiernos estatales han realizado un reordenamiento en la nómina magisterial, por lo que el primer reporte que se presentó en la Cámara de Diputados, la mayoría de los docentes con cargos sindicales se inscribieron en listados de “Licencias sin goce de sueldo”. En este caso, Jalisco reporta que Juan Díaz de la Torre, dirigente del SNTE, aparece en la lista de “personal comisionado” con un salario de 115,052.50 pesos, durante el primer trimestre de 2014, comisión que no se pagó con fondos federales si no de otra fuente que no especifica, aparte, el estado también reporta que en la lista de plaza/función, recibió entre enero y marzo del presente año 143,329.88 pesos por su plaza como directivo escolar, de acuerdo al informe del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 2014. A su salario como docente se suma lo que percibe como dirigente, para el SNTE el tema quedó claro desde la discusión de la reforma, en ese momento el sindicato planteó en su pregunta número 17. ¿Qué va a pasar con los Comisionados? En el caso del dirigente de Oaxaca, Rubén Núñez Ginez, de la CNTE, el reporte de la SEP de enero a marzo indica que recibió 3,070 pesos por una plaza de dos horas que se encuentra en la lista de Comisionados, mientras que en otra plaza obtuvo ingresos por 154,651 pesos. Asimismo, recibe un sueldo a través del SNTE en su calidad de Secretario General de la Sección 22. Esta última remuneración debiera ser suficiente para cubrir las necesidades del dirigente, no es equitativo si lo comparamos con el ingreso de muchos docentes que apenas reciben quincenas de dos a cuatro mil pesos, o incluso menos. Por el bien de la lucha de la Sección XXII, esto debe aclararse y corregirse, si es el caso. Desde hace treinta y cuatro años Oaxaca no se concibe sin la lucha de sus maestros, los dirigentes deben honrar esa tradición y la imagen pública que arroja una información como la contenida en el informe citado, no abona en lo positivo. La Asamblea Estatal debe estar enterada de la realidad de los hechos, y avalar la autoridad de su dirigente, una vez que todo quede claro. En este contexto, Eloí Vázquez consideró que la SEP actúa discrecionalmente a conveniencia política, es decir, por una parte se muestra celoso de hacer cumplir la ley, en el caso de la reforma educativa, al descalificar el legítimo derecho que tienen los maestros por defender sus condiciones laborales, mientras que por otro, continúa incumpliéndola al violar la del Servicio Profesional Docente.
SEP mide con dos varas distintas
