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Seguridad para las mujeres, el gran pendiente- La Opinión de Mario Hernández

Dicen que las matemáticas no mienten; los mentirosos son los matemáticos. Esto aplica a la perfección en el tema de las agresiones contra las mujeres y los feminicidios cometidos en México y en Michoacán: para los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Silvano Aureoles Conejo, a pesar de que las estadísticas muestran lo contrario, se va disminuyendo la violencia en contra de las mujeres.

Nada más falso. De acuerdo con datos aportados por medios de comunicación –sustentados en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y en la información publicada del acontecer diario- el número de mujeres asesinadas durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo llegaría casi a 950 homicidios, casi el doble de los registrados en las dos administraciones anteriores y que el propio mandatario michoacano destacó durante su discurso de toma de protesta en octubre de 2015: “Es indignante saber que del 2006 al 2014 se registraron 719 asesinatos a mujeres en Michoacán”.

Estas cifras, sin embargo, deben ser analizadas a la luz del incremento en la violencia registrada en Michoacán en los últimos años, que para octubre del 2020 registraba la cifra de homicidios más alta de “la historia reciente”, teniendo un impacto directo no sólo en el número de asesinatos en contra de mujeres sino en la forma de quitarles la vida.

Así que mientras el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, presumía hace unos días que la violencia contra las mujeres había disminuido sustancialmente en el primer semestre del 2021 –gracias a los programas de atención gubernamentales-, el número de homicidios cometidos en contra de mujeres se mantiene constante: 14 en enero y 20 en febrero, lo que indica que esta año no será distinto a los anteriores.

Lamentablemente la violencia que sufren las mujeres no concluye con su homicidio –ni con la exposición de sus cuerpos tirados, embolsados o desmembrados- sino que continúa con el viacrucis que deben sufrir sus familiares y amigos para encontrar justicia, tal como lo ejemplifica el caso de la joven estudiante nicolaita María José Medina Flores, -violada y asesinada en 2017- que se mantiene impune.

Pese a estos niveles de violencia y las exigencias de justicia que claman familiares de víctimas y mujeres en general, los gobiernos se mantienen totalmente cerrados a la crítica y sostienen que todo marcha bien. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a una periodista británica hace unos meses respecto a los feminicidios registrados en México ejemplifica el asunto: “No estamos abandonando a las mujeres, se está castigando a quienes asesinan mujeres, no hay disminución de presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora (…) Hay en México, como nunca, un combate permanente a la corrupción y a la impunidad (…) nosotros pensamos que se avanza, que la gente tiene confianza en el Gobierno”.

Promesas incumplidas como la disminución en el número de homicidios, proyectos inconclusos como la construcción de la Ciudad de las Mujeres en Múgica, acciones y programas ineficaces pero mediáticamente estridentes y declaraciones falaces de funcionarios y gobernantes son la constante de las autoridades en México y Michoacán.

Con este enorme pendiente inician los comicios en 15 entidades del país, entre ellas Michoacán. Un tema para el que nadie, ni gobierno ni partidos de oposición tienen argumentos para criticar a sus contrarios o descalificar la furia que caracteriza a algunas protestas feministas.

Lo único cierto es que las mujeres mexicanas y michoacanas no se sienten seguras porque en verdad no lo están. Es indispensable escuchar a los expertos y plantearse nuevamente objetivos, estrategias, líneas de acción y metas claras orientadas a atender y resolver el problema. Pero un buen inicio sería reconocer el fracaso y ser empáticos con la lucha feminista

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