Michoacán.- Durante décadas el centro educativo se consideraba uno de los sectores con mayor estabilidad laboral, salarial e incluso con la posibilidad de dar continuidad o “heredar” plazas a familiares.
A partir de la década de los noventa existe una tendencia mundial a la privatización de la economía. Los Estados reducen su papel al de apoyar la iniciativa empresarial y esto tiene importantes consecuencias en el empleo, en la estabilidad de los contratos, en la movilidad profesional y en las exigencias de cualificación.
De acuerdo con historiadores, en 1990, cuando el Bando Mundial se puso como meta introducir el conjunto de políticas educativas de carácter neoliberal en Latinoamérica
Como consecuencia de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien en 1990, se desplazó a la UNESCO como el organismo más involucrado y preocupado por la educación.
El Banco Mundial tuvo un gran impacto e influencia en las políticas educativas en Latinoamérica, los principales documentos que generaron este impulso fueron: “El financiamiento de la educación en los países en desarrollo. Opciones de política (1987), Educación primaria (1990), La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia (1994) y Prioridades y estrategias para la educación (1995)”. (Oreja y Vior, 2016).
Las recomendaciones hechas a partir de estos documentos fueron: la reasignación del gasto a favor del nivel primario en perjuicio del nivel superior, el fomento de la expansión de las escuelas privadas y financiadas por las comunidades, formas de financiamiento basadas en la demanda (sistemas de vales y subsidios por alumno), cobro de aranceles en instituciones públicas, uso eficiente del gasto educativo, incremento de la cantidad de alumnos por docente, construcción de escuelas con materiales de bajo costo, uso intensivo de las instalaciones, etc.), focalización del gasto social, descentralización de la administración de la educación pública, establecimiento de sistemas de información y evaluación, reducción de la formación inicial de los docentes a favor de formas más eficientes de formación en servicio y promoción de escalas salariales competitivas e incentivos por desempeño (Oreja y Vior, 2016, p. 22).
Para los especialistas en el tema, con las recomendaciones anteriores, se logra observar una fuerte intención de combatir la pobreza desde una perspectiva neoliberal, donde la orientación está dirigida en la calidad, puesto que el BM toma el paradigma del libre mercado como eje para el impulso de las reformas educativas, a partir de las cuales se proponen políticas nacionales (Canan, 2017). La calidad educativa se vuelve el eje de éstas, lo cual se traduce en metas objetivas, como mejorar la infraestructura, implementar tecnología de información y comunicación; pero sobre todo, crear un sistema de evaluación continua (Oreja y Vior, 2016).
A la par la precarización docente es una tendencia. La política educativa está ocupada en abrir espacios en el servicio educativo para que ingresen docentes con determinadas características, pero no plantea acciones pertinentes para mejorar las condiciones laborales de los docentes.
La política de ingreso a la docencia no sólo no es atractiva, además es dramática. A primera vista no enamora. Pero no sólo es eso: el ingreso a la docencia y la recontratación son, también, caóticos. Los mecanismos para asignar o contratar a los docentes son poco sistemáticos y claros, lo que genera inestabilidad en los centros escolares pues en muchas ocasiones no hay maestros asignados. Los más afectados, como siempre: los niños sin clases.
En primer lugar, prevalece la incertidumbre laboral. La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto, refiere en la fracción II del artículo 23 que las autoridades educativas pueden asignar las plazas que durante el ciclo escolar queden vacantes sólo cuando se haya agotado la asignación de la lista de prelación, otorgando un nombramiento que será por tiempo fijo y únicamente a docentes que cumplan con el perfil.
Regularmente estas propuestas son realizadas por el director ante las autoridades correspondientes. Se trata de propuestas que se derivaban, básicamente, de licencias por periodo sabático, retiros por jubilación, cambios de adscripción, renuncias e incluso vacantes reales, es decir, plazas sin “dueño”. Aquellos maestros que lograron cubrir una vacante bajo esta condición son contratados en situaciones de precarización laboral como: Nombramientos determinados o interinos, con pocas o nulas esperanzas de poder transitar a nombramientos indeterminados o definitivos, derivado de los lineamientos que establece la ley.
Nombramientos con fechas interrumpidas. Regularmente, un nombramiento con vigencia de agosto a diciembre y otro de enero a agosto. En esos periodos de corte, o término del nombramiento, los maestros vuelven a entregar todos los formatos y documentos que se requieren administrativamente para su recontratación y hay una interrupción a su salario, pues su situación de recontratación está en proceso y el otorgamiento del nombramiento es incierto.
No se puede disfrutar del pago del periodo vacacional diciembre-enero. Además de no ser sujetos para recibir las gratificaciones económicas que el sindicato de maestros dispone. La incertidumbre de la contratación para el siguiente ciclo escolar. Aun cuando por varios ciclos escolares en la administración anterior “la recontratación automática” fue una constante, no deja de ser incierta.
Además, ahora se está padeciendo una asignación en espera, lo que produce inestabilidad en los recintos escolares.
En Michoacán, durante la presente administración estatal se acentuaron los retrasos de pagos salariales e incluso se recortaron prestaciones que fueron acordadas en Contratos Colectivos ó nóminas estatales y que el presente gobierno se negó a reconocer o pagar, argumentando incluso que los trabajadores estaban llenos de “privilegios”.
Lo cierto es que cada quincena ha sido un incierto para los trabajadores del sector educativo, tanto del nivel básico, como media superior y superior, quienes han vistos atrasos y disminuciones en sus nóminas y sus derechos contractuales laborales.
