Morelia, Michoacán.- La máxima maquiavélica de que “el fin justifica los medios”, no le funcionó al ayuntamiento de Zitácuaro en el conflicto que tiene con habitantes de la tenencia de San Miguel Chichimequillas sobre la posesión de un predio en esa tenencia y que el edil Carlos Herrera Tello intentó, con el apoyo de la mayoría de cuerpo edilicio, apropiarse con el pretexto de que era una acción en beneficio de decenas de estudiantes.
En una audiencia de conciliación celebrada en esta capital el pasado 25 de septiembre ante la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) y que tuvo una duración de 59 minutos, ni la representación oficial del ayuntamiento ni ocho personas del grupo afectado por la acción de las autoridades municipales llegaron a un acuerdo conciliatorio, de manera tal que el diferendo “se dirimirá a través del juicio y su correspondiente sentencia”.
Fue Berenice Navarrete Horta, en su calidad de Secretaria de Acuerdos del TJAM, la que escuchó a ambas partes, siempre con una posición conciliatoria y destacando que, no obstante el objetivo de la autoridad municipal en Zitácuaro por atender una necesidad escolar, se hizo una afectación y que debe haber “una restitución del goce de derechos”.
En la audiencia participaron Dedny Claudia Días Reyes, J. Jesús Medina Valdéz, José Luis Pérez Llagor, Donaciano Archundia Sámano, Alvaro Solache Vázquez, Roberto Gómez Ramírez, María Isabel González Sámano, Amado Solache Salinas, vecinos de la tenencia de San Miguel Chichimequillas.
Por la parte del ayuntamiento, intervinieron el síndico Enrique Salvador Martínez del Río y Ramón Maya Alonso, Director del Despacho Jurídico, quienes, por cierto y según fuentes cercanas al TJAM, no se mostraron proclives a una conciliación y en la parte final de la audiencia llegaron, incluso, a gritar.
Navarrete Horta siempre buscó que las partes aterrizarán en coincidencias, desde la perspectiva de que se reconociera que se buscaba un bien común con el proyecto de la edificación de un recinto para estudiantes de telebachillerato, pero que esa acción también había generado afectaciones a quienes en su momento sufragaron de sus bolsillos el costo de un predio que sería destinado a la sede de las fiestas tradicionales de esa comunidad.
Martínez del Río y Maya Alonso se parapetaron en el hecho de una laguna existente en la escritura del inmueble, pero la funcionaria del TJAM precisó que, antes de la apropiación y la ejecución de obras en el predio, debió subsanarse ese problema.
El síndico y el Director del Despacho Jurídico defendieron la acción de la administración que preside Herrera Tello con el argumento de que en la escritura aparece como titular la tenencia de San Miguel de Chichimequillas y, luego entonces, el ayuntamiento es el poseedor del inmueble.
Sin embargo, Navarrete Horta fue directa, clara al subrayar que los afectados acreditaron que pagaron en tiempo y en forma la adquisición de la propiedad y que el hecho de que se haya cometido un error a la hora de escriturar, no los hacia acreedores a perder el bien.
Otro punto que también afloró en la audiencia fue el que –presuntamente- una “abrumadora mayoría” de los habitantes de San Miguel Chichimequillas había aprobado, vía “plebiscito”, la entrega al ayuntamiento del predio en disputa.
La consulta se realizó el domingo 23 de abril y de acuerdo con los organizadores de la misma los votos a favor de la entrega del inmueble al ayuntamiento para la edificación del telebachillerato fueron 321, 42 en contra y 12 nulos de las ocho manzanas de dicho asentamiento.
Ese día a la sede de dicha tenencia fueron desplegados más de un centenar de policías municipales y estatales, de manera tal que el llamado “referéndum” se realizó bajo un clima de fuerte tensión y hubo varios conatos de violencia entre los efectivos de seguridad y los inconformes.
La autoridad municipal salió al paso de las críticas con el argumento de que fue el jefe de tenencia Vicente Nava Elizalde quien requirió la presencia de los efectivos policiales.
Un señalamiento que hicieron los afectados en la audiencia celebrada en Morelia el 25 de septiembre es que el ayuntamiento “invadió” el predio antes de la realización de la consulta, al realizar mediciones y deslindes.
A finales de mayo, Herrera Tello rechazó todos los señalamientos en el sentido de que la policía municipal y su administración violaron los derechos humanos al ingresar con la fuerza pública a un predio comunal para construir un telebachillerato.
En un documento de respuesta a una queja interpuesta por los inconformes ante la Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Zitácuaro, el edil aseguró que su gobierno no actuó al margen de la ley y que la denuncia en su contra estuvo incorrectamente integrada, desde la personalidad jurídica del grupo inconforme hasta la ubicación y acreditación de la posesión del predio.
Con el litigio encima y sin mediación alguna de por medio, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas siguió con los trabajos a marcha forzada para construir dos aulas, unas oficinas y una cancha de telebachillerato.
Nava Elizalde, por su parte, insistía en que la transferencia del predio se había realizado legalmente y que los opositores a la misma buscaban impedir el desarrollo educativo de la comunidad.
Fue el 17 de julio cuando el conflicto escaló. En sesión de cabildo, once de los catorce integrantes del cuerpo edilicio dieron luz verde a la donación de la mitad de ese inmueble, con el argumento de que el predio era propiedad del municipio, ya que en la escritura existente aparece como titular el entonces jefe de tenencia de San Miguel Chichimequillas, y como éste era auxiliar administrativo del ayuntamiento, el inmueble pertenece en consecuencia al municipio.
Martínez del Río hizo una breve reseña de la asesoría que recibió de un notario y ahí reconoció que decenas de ejidatarios compraron de sus recursos el predio.
La regidora panista Myrna Merlos Ayllon fue la más vehemente en la donación directa del inmueble, en tanto que sus pares del PRD -Teresa Ruiz Valencia y José Guadalupe Benítez Gómez- propusieron que el punto pasara a la comisión respectiva, a fin de evaluar mejor y con el apoyo de un experto en la materia una vía más adecuada para la llamada donación.
El petista Agustín Flores García justificó la donación citando una ley en la materia, pero cayó en una fuerte contradicción al momento de que su par del Panal, Candelaria Cambrón Correa, expuso lo incorrecto de donar luego de que en dicho inmueble ya se realizaban trabajos por parte de la Dirección de Obras del ayuntamiento
Según el petista, la urgencia de construir las aulas y los otros espacios del Tele Bachillerato justificó el procedimiento inverso, es decir, primero construir y luego donar.
El tema se votó luego y ganaron las posiciones lideradas por Merlos Ayllon. Se sumaron a ella la priísta Patricia Ramírez del Valle, la morenista María Dominique Muñiz Delgado, la neoalianicista Cambrón Correa, las perredistas Roció Olivares Hernández, Alberta García Mercado y María del Socorro de la Cruz Ramírez, el priista Cuauhtémoc Valdez Vaca, el síndico y el presidente Carlos Herrera Tello.
Los votos en contra fueron de los perredistas Teresa Ruiz Valencia y Axl Fausto Pinello Olmos, además de la abstención del también perredista Benítez Gómez
Días después de dicha sesión de cabildo, los afectados dirigieron una carta al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, con copias para la Consejería Jurídica de Los Pinos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que impidiera lo que denominaron un “intento de despojo” por parte del ayuntamiento de Zitácuaro.
En el escrito, detallaron sus inconformidades con los regidores y Herrera Tello por su pretensión de apropiarse de un predio de aproximadamente 3 mil 272 metros cuadrados donde se realizan año con año las fiestas tradicionales de la comunidad.
Un dato adicional es que los afectados también interpusieron un par de amparos y que en cuestión de días habrá respuesta a uno de ellos por la autoridad correspondiente.
Por último, el ayuntamiento prácticamente ha desacatado que tiene un conflicto legal con habitantes de San Miguel Chichimequillas, al no detener las obras en el predio en conflicto.
José Hugo Raya Pizano, titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, continuó con los trabajos y en el inmueble ya se edificaron dos aulas y baños.
La obra fue interrumpida días después de la audiencia conciliatoria en Morelia ante el TJAM, pero luego continuó. Al cierre de este reportaje otra vez se detuvo.
