Monterrey, Nuevo León. – Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron el juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero ordenaron al Congreso local mantenerlo en su cargo hasta que se tome una decisión final. Esto surgió debido a la no presentación del presupuesto de 2023.
En una sesión, los ministros invalidaron un artículo de la Constitución local que exigía la separación de cualquier funcionario al iniciarse un juicio político. Decidieron que el gobernador solo puede ser separado del cargo al finalizar el proceso, según lo determine el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
Los ministros señalaron que el Congreso local no tiene la facultad para separar al gobernador durante el juicio político; esa es una responsabilidad exclusiva del Tribunal Superior de Justicia. El ministro Luis González Alcántara Carrancá afirmó que la gestión del gobernador está protegida por la Constitución contra interferencias indebidas.
La ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Luis María Aguilar Morales coincidieron en que el Congreso local no tiene atribuciones para separar inmediatamente al gobernador, y que el artículo 203 vulnera la Constitución Federal al subordinar al gobernador al Poder Legislativo.
En resumen, la SCJN aceptó la controversia constitucional presentada por Samuel García, validó el proceso de juicio político en su contra e invalidó el artículo que permitía su separación del cargo durante el proceso.
El juicio político contra Samuel García se inició el 31 de enero debido a la no presentación de la Ley de Egresos 2023 en tiempo y forma. La sentencia señala que el procedimiento previsto en la legislación local es inconstitucional porque obliga al gobernador a someterse a un procedimiento que permite su separación del cargo sin que la autoridad local tenga competencia para emitir esa sanción. Además, enfatiza que el juicio político debe garantizar la seguridad jurídica y proteger tanto a la sociedad como a los funcionarios públicos sujetos a juicio.
