Redacción Monitor Expresso
Ciudad de México a 8 de septiembre de 2016.- El pasado viernes 19 de agosto, Joaquín López Dóriga recibió una ‘catafixia’ de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), justo el mismo día de la última de su transmisión de El Noticiero de Televisa,
La ‘catafixia’ consistió, según el periodista Jenaro Villamil, en que el Ministerio Público consideró procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de “tentativa de extorsión” en contra de su esposa, Teresa Adriana Pérez Romo, y otros involucrados en la demanda interpuesta por la inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
La resolución de la PGJDF en manos de la revista Proceso indica que no hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicado en la calle Rubén Darío número 223, de la Colonia Polanco (a pesar de que dicha inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción) por lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México también desestimó la prueba de la videograbación en la que se escucha al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba pedirle a los funcionarios de Abilia 5 millones de dólares a cambio de frenar otros litigios, porque “la inmobiliaria, siempre participó por su voluntad y, si bien, como lo manifiesta el denunciante que fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, es decir, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.
La procuraduría consideró “infundados e inoperantes” los agravios argumentados por el despacho de abogados de Javier Coello Zuarth, contratado por Aramburuzabala, afirmando que “son evidentemente ambiguos y superficiales”, que ya fueron estudiados y resueltos por la vía del amparo y “no controvierte eficaz y suficientemente los argumentos vertidos en el acuerdo ministerial por el que se inconforma, únicamente pretendió rebatir en forma aislada y genérica algunas de las consideraciones señaladas”.
La resolución de la procuraduría se produjo un año después de iniciado el litigio, en medio de diversas irregularidades, que incluyó el no desahogo de las pruebas presentadas por Aramburuzabala, como la solicitud de obtener la declaración de todos los vecinos, la ausencia de interrogatorios o diligencias con el administrador del predio Rubén Darío 223 y desechar las preguntas presentadas por el abogado de Abilia, entre otras.
Fuente: PROCESO
