Morelia, Michoacán.- Luego de asegurar que toda la información sobre los recursos otorgados a Latinus fue reportada por su gobierno a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal desde hace más de 2 años, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el recurso que su gobierno otorgó a las empresas fue por la “herencia maldita” que dejó el gobierno de Silvano Aureoles.
En conferencia de prensa, detalló que incluso Latinus tiene demandado al gobierno del Estado por 33 millones de pesos por incumplimiento de contrato que, firmó la anterior administración.
Y es que luego de que en redes sociales páginas como El Chapucero dio a conocer que el gobierno de Bedolla pagó a Latinus 180 millones de pesos, Ramírez Bedolla informó que al llegar al gobierno, la administración anterior firmó diez contratos por 933 millones de pesos con las empresas: Diseño de Salud Integral, Samedic y Digimedical, las cuales, acusó, tenían secuestrado al sector salud, con el manejo del software de las recetas, las consultas , las farmacias y servicios de imagenología.
Refirió que a partir del 2022 se inició una transacción gradual con el propósito principal de que no colapsaran los servicios de salud en beneficio de la población Y a partir de junio de 2023 no se firmó ningún contrato con estas empresas y los pagos de 2023 corresponden a una ampliación de contrato y a pagos pendientes del 2022.
“El tema de salud es delicado, nos costó trabajo sacar a las empresas, toda la información que dió a conocer Pablo Gómez se la dimos nosotros, hay procedimientos y los cumplimos todos, estamos tranquilos, esperamos que la UIIF otorgue resultados de la investigación, todo es parte de la herencia maldita del chifladismo, ya enderezamos el barco”, expresó.
Ramírez Bedolla, aceptó que su gobierno pagó alrededor de 130 millones de pesos producto de contratos pasados.
Insistió en que toda la información se brindó a la UIF incluyendo la situación de los cuarteles, por lo que espera que Pablo Gómez demuestre toda su capacidad y se den resultados y acciones a la investigación.
“Fuimos prudentes, responsables con este tema para que el servicio no se viera afectado, las decisiones políticas se tienen que tomar pensando en la gente, hubiéramos querido cortar los contratos de tajo con las empresas, pero se hubiera afectado el servicio de Salud, por ello estamos tranquilos, lo demás son rumores, a nosotros no nos tomó por sorpresa y tenemos la información completa que hace más de 2 años se dió a la UIF”, expresó tras descartar una mala relación con la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
