Zitácuaro, Michoacán.- La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas reanudó los trabajos en un predio de la tenencia de San Miguel Chichimequillas cuya posesión no ha podido acreditar y por lo cual ya fue demandado por intento de despojo por decenas de habitantes de esa localidad.
Desde ayer por la tarde, empleados de la dependencia municipal empezaron a rodear con malla ciclónica la zona de dicho inmueble donde ya fueron construidas aulas y baños, no obstante que en días pasados el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) desahogó una audiencia de conciliación y al final de la misma determinó que el caso se iba a juicio.
Cuatro especialistas en temas jurídicos comentaron a este medio que las autoridades municipales estarían incurriendo en un intento de despojo y abuso de autoridad, en tanto el diferendo persista ante las instancias judiciales del estado.
Hay que apuntar que en la audiencia de conciliación que se realizó en los últimos en la ciudad de Morelia, ni la parte afectada ni la representación del ayuntamiento aterrizaron en consensos, de ahí que el TJAM decidiera que el caso pasara a su etapa de litigio ante las instancias correspondientes.
Los afectados insisten en que las autoridades les restituyan el inmueble, donde se realizan las fiestas tradicionales de la comunidad desde hace varios años.
El gobierno municipal, por su parte, se refugió en una laguna legal en la escritura del predio para apropiarse del mismo y construir un plantel de telebachillerato.
Los abogados entrevistados señalaron que el caso podría durar mucho tiempo y que el ayuntamiento cometió el error de no realizar un estudio jurídico más profundo para medir las consecuencias legales de la apropiación del inmueble.
Un dato adicional es que los afectados también solicitaron un par de amparos y que en un plazo de cinco días habrá respuesta a uno de ellos.
Con uno de esos recursos que la autoridad judicial apruebe u obsequie, las autoridades locales tendrían que detener todos los trabajos que realiza en el predio en disputa.
Independientemente del curso del diferendo, los especialistas en temas jurídicos sostienen que el procedimiento utilizado por el gobierno que preside el perredista Carlos Herrera Tello tendrá repercusiones políticas, debido a que una parte de la población lo percibe como un abuso de autoridad.
