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Quitó Gobierno federal veda en Río Santiago para megaobra en Nayarit

Fotografía/ Conagua

México.- Uno de los propósitos para abrogar la veda en la cuenca hidrológica del Río Santiago, publicada como decreto el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es el aprovechamiento del agua para el proyecto Canal Centenario, en Nayarit.

Esto, según el Acuerdo publicado el 20 de julio de 2017 en el mismo órgano de difusión, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el que se manifestaron los resultados del estudio de las aguas superficiales de una serie de cuerpos de agua. Desde aquella fecha, el Gobierno federal argumentó que ya no existía justificación para mantener la restricción en el aprovechamiento de los ríos.

“En virtud de que las causas por las que se establecieron las vedas se han cumplido y que existe disponibilidad de las aguas superficiales en la Subregión Hidrológica Río Santiago, las mismas representan actualmente un freno para el desarrollo social y económico”, se lee en el documento. Posteriormente, detalla el propósito para la obra.

“Existe la necesidad de apoyar el desarrollo económico agroalimentario de la planicie del Estado de Nayarit mediante la construcción del proyecto Canal Centenario y su zona de riego, aprovechando las aguas del Río Santiago en el sitio de la margen derecha de la presa derivadora El Jileño, provenientes de la presa Aguamilpa en el mismo estado, por lo que en el presente estudio se prevé la exportación de la demanda de agua que requiere el proyecto referido”.

El cuerpo del Acuerdo también manifiesta que dicha información fue presentada desde el 6 de diciembre de 2016 en Zapopan, Jalisco, en sesión ordinaria de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca del Río Santiago.

El Canal Centenario es uno de los grandes proyectos hidroagrícolas del sexenio, consistente en la construcción kilómetros de canales de distribución, caminos y accesos y red de drenaje. Sin embargo, la obra está inconclusa, y arrastra una serie de polémicas: arrancó en julio de 2014 sin una Manifestación de Impacto Ambiental completa. También en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una serie de irregularidades en las adjudicaciones de la obra, así como subejercicios alrededor de la misma.