Morelia, Michoacán.- Bajo el riesgo de vulnerar los derechos humanos, imponer medidas coercitivas por el Estado y promover la militarización de la vida pública en México, las integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del estado, Mary Carmen Bernal Martínez y Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, exhortaron a los senadores de la República a para no aprobar la Ley de Seguridad Interior.
Al respecto, el PT en la Cámara local, representado por ambas legisladoras, anticiparon que los senadores del Partido del Trabajo “votarán en contra de la ley”, por considerarla en un instrumento de represión y control por parte del Estado en contra de la población civil; de acuerdo con la Coordinadora, Mary Carmen Bernal, que esta ley dota a las fuerzas armadas de facultades extra constitucionales para intervenir en asuntos que, representen un riesgo o amenacen la paz interna.
Por lo tanto, la líder parlamentaria petista, conminó a todos los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, que acompañen al Partido del Trabajo en su postura y anulen lo aprobado por los diputados federales la semana pasada, “quienes no tomaron en cuenta las voces que alertan sobre el retroceso que significa el uso discrecional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sin establecer canales de coordinación con los distintos niveles de gobierno”.
A su vez, Brenda Fraga, Calificó como grave que las fuerzas armadas suplan el papel que deberían desempeñar las policías civiles en sus tareas de Ministerio Público, investigación, persecución de delitos y detención de personas, “porque esta situación provocará violaciones a los Derechos Humanos”.
“Demandamos el retiro de las fuerzas armadas de las calles-señaló Fraga Gutiérrez- y apegarnos a lo que dicta la Constitución, debemos considerar el respeto a la dignidad humana e implementar una política integral de seguridad y justicia que considere dotar de mayores recursos a las policías civiles”. En resumen, coincidieron ambas legisladoras, la Ley de Seguridad Interior valida situaciones que en toda democracia son excepcionales y amplía el margen de maniobra de las fuerzas armadas, en lugar de imponer límites claros sobre su actuación.