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Prometen candidatos al Senado por Jalisco… ¡ilegalidades!

Guadalajara, Jalisco.- Al calor de las campañas electorales, candidatos al Senado de la República por Jalisco han comprometido públicamente propuestas que se encuentra fuera de las atribuciones del cargo al que aspiran, según registros periodísticos.

La fórmula independiente integrada por los candidatos Pedro Kumamoto y Juana Delgado planteó en declaraciones registradas el 4, 16 de abril así como el 4 de mayo, la inversión del 9.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el sector salud el 9.6, la reasignación de recursos y un consecuente “servicio público de excelencia”, de acuerdo con los datos monitoreados por el Observatorio Ciudadano “Jalisco Cómo Vamos”.

Por su parte, los candidatos de la coalición Por México al Frente, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, prometieron en intervenciones mediáticas realizadas el 4, 8, 11 de abril y el 15 de mayo, gestionar una considerable asignación de recursos federales contenidos en el Ramo 23 –que incluye bolsas como Proyectos Regionales, Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, además del Fondo Metropolitano –, crear un fondo para pensión rural, lograr el gasto del 10 por ciento del PIB en salud y reorientar el gasto público para el campo.

También, el 28 de abril la fórmula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) conformada por Hugo Contreras y Rocío Corona, afirmó la reducción presupuestal a los partidos políticos.

Sin embargo, la atribución legal del Poder Legislativo para definir cómo se gasta el dinero público no es de los senadores. De acuerdo con el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

La única posibilidad que tiene el Senado es establecer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto, misma que tampoco puede realizar unilateralmente, sino como parte del Congreso de la Unión.

El Artículo 76 de la Constitución es el que define en que sí pueden trabajar los senadores; el 73, habla del trabajo concurrente con la Cámara de Diputados. Legalmente, los servidores públicos se encuentran impedidos para hacer acciones que no se encuentren explícitamente señaladas en un marco jurídico.