México. – Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la CEAPP, han manifestado preocupación por el uso creciente de la figura de violencia política en razón de género para sancionar a periodistas en Veracruz.
Denuncian que esta herramienta legal está siendo manipulada para silenciar voces críticas, lo que representa un riesgo para la libertad de prensa.
En los últimos meses, al menos nueve periodistas y 22 medios de comunicación han sido sancionados por supuestamente ejercer violencia política de género contra la excandidata a la alcaldía de Teocelo, Mara Yamileth Chama Villa. Las sanciones incluyen multas de hasta 10 mil pesos, disculpas públicas, retiro de contenidos y su inscripción en registros de personas sancionadas.
La sanción más severa provino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que acusó a cinco periodistas de reproducir estereotipos de género y menospreciar los méritos de la excandidata al asociarla con su padre, exalcalde del mismo municipio. Expresiones como “cumplirle el caprichito” o “la niña verde” fueron consideradas violencia simbólica y mediática.
Radio Teocelo, con más de 60 años de historia, fue sancionada por un spot satírico transmitido en 2021, en lo que su director calificó como un intento de “venganza política” por su línea editorial crítica.
También fue sancionada la académica Celia del Palacio, por una cápsula editorial en la que cuestionaba el uso excesivo de la legislación. Nunca mencionó directamente a la excandidata, lo que ha generado preocupación por el precedente que sienta esta resolución.
Desde la CEAPP, su secretario ejecutivo, Luis Ramírez, advirtió que estas sanciones podrían inhibir el ejercicio periodístico y pidió una revisión urgente del marco legal para evitar abusos. Señaló que “la crítica legítima no puede ser criminalizada” y que cuestionar vínculos familiares en política no debe considerarse automáticamente violencia de género.
Artículo 19 y el CPJ coincidieron en que este tipo de sentencias representan una forma de acoso judicial que amenaza la libertad de expresión, especialmente en contextos electorales donde el acceso a la información crítica es fundamental para la ciudadanía.
Más de 40 periodistas y medios han firmado una carta abierta rechazando estas resoluciones, que consideran un grave atentado contra el periodismo y un precedente peligroso en el uso de leyes pensadas para proteger, no censurar.