El comisionado político nacional del PRD, Eloí Vázquez López, opinó que no se puede entender que al cumplirse un aniversario más de la tragedia que enlutó a 49 familias e involucró a 19 funcionarios federales, ocurrida el 5 de junio de 2009, el gobierno federal continúe mostrando insensibilidad ante el tema que le compete al Consejo Nacional, presidido por la Secretaría de Salud, y que fuera creado a raíz de la publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el cual tiene como objetivo elaborar un informe cada seis meses para diagnosticar y actualizar el estado en que se encuentran las guarderías del país actualmente, no obstante, sólo ha elaborado un informe y aunque sus integrantes deberían reunirse en sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año, sólo lo ha hecho en dos ocasiones, siendo en diciembre de 2013 cuando entregaron un informe que señala que únicamente 14% de las instancias infantiles no cumplen con los estándares de seguridad. Sin embargo, ya no ha habido más acciones al respecto.
Otras de las atribuciones incumplidas por este Consejo Nacional, son las de impulsar programas de capacitación y seguimiento para el personal que labora en los Centros de Atención y promover la certificación de competencias laborales para el personal que presta los servicios.
Es inadmisible que las Secretarías implicadas en el tema que participan en el Consejo Nacional, como son: La Secretaría de Educación pública (SEP), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no muestren sensibilidad ante lo delicado del tema.
Como antecedente directo existe la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, elaborada en el año 2004, la que mostró que de los cerca de 2.5 millones de niños menores de 6 años que en ese año estuvieron al cuidado de terceros, sólo 7.6% asistía a una guardería y, de éstos, menos de una tercera parte acudía a una guardería pública.
Cabe destacar que anteriormente a la tragedia ya existía un diagnóstico de la problemática referida, para cuya atención el Gobierno Federal instrumentó, a partir de 2007, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), en él identificó de manera detallada la problemática que buscaba atender, y presentó una caracterización de la población a la que se pretendió beneficiar, debido a que la mayor participación de las mujeres en actividades económicas, entre 1995 y 2009 se incrementó de 36.8% a 40.8%.
Sin embargo, actualmente en el quinto aniversario de la tragedia, no se comprende porque los funcionarios no se avocan a prestarle importancia a un tema que se ha ido convirtiendo en un problema socialmente lastimoso; por otro lado hemos recibido quejas de presiones individuales realizadas por empleados de diferente nivel contra los prestadores de servicios que no siempre cuentan con una justificación normativa que regule con transparencia las revisiones. Por lo que la falta de transparencia y la deficiencia evaluativa puede dar lugar tanto a omisiones como a abusos.
Y aunque el día 3 de junio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece que: “Se declara día de duelo nacional el 5 de junio, por la tragedia ocurrida en la “Guardería ABC, Sociedad Civil” en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009”, además de que: “En señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a media asta el día 5 de junio de cada año”; e inclusive derivado del activismo de padres y madres de las víctimas y de organizaciones ciudadanas, posterior a la tragedia fue modificado a profundidad el marco jurídico que regula el funcionamiento de las guarderías a nivel nacional, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de octubre de 2011. Pero no basta con declarar el luto nacional y modificar leyes, la gravedad del caso implica acciones. Es necesario castigar a los culpables de este lamentable suceso y entregar un sistema nacional de atención que funcione y proporcione seguridad, tanto a los padres de familia como a los prestadores del servicio en todo el país.
Por lo anterior, las instancias implicadas deben cumplir con su encargo y atender sus respectivas responsabilidades corrigiendo totalmente el descuido y el olvido en que han incurrido dos administraciones federales supuestamente diferentes en su signo político, pero iguales en cuanto al trato del problema.