Zitácuaro, Michoacán.- La administración municipal que preside el empresario perredista Carlos Herrera Tello dio otro paso en su intento de despojo de un predio en la comunidad originaria de San Miguel de Chichimequillas, donde se realizaban las fiestas tradicionales de esa localidad.
Sin importar que el ayuntamiento tiene un par de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CEDH), que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) turnó al Poder Judicial estatal el litigio con decenas de habitantes y que están por resolverse dos amparos interpuestos por los afectados, Herrera Tello encabezó la ceremonia de lo que llamó inauguración de un aula, módulo de sanitarios, el cercado e instalaciones técnicas en un área del predio en disputa.
Arropado por Juan Carlos Barragán Vélez, director de Telebachillerato en Michoacán, regidores, funcionarios públicos y empleados municipales, el edil zitacuarense quiso soslayar la resistencia a la edificación de recinto educativo, con el argumento de que su decisión tuvo como soporte la realización de una consulta popular.
Esa especie de plebiscito se efectuó en los últimos días de abril y participaron unas 400 personas, bajo un desproporcionado despliegue policial.
La cifra de votantes fue de menos del 3 por ciento de la población de la tenencia de San Miguel Chichimequillas, estimada en unos 15 mil habitantes distribuidos en ocho manzanas.
Herrera Tello destacó que en su gobierno “ningún interés particular está por encima de la educación”, según un boletín de 263 palabras que emitió la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento.
Un dato que llamó la atención de varios pobladores de esa localidad es que en la ceremonia de inauguración de las instalaciones del telebachillerato, estuvieron presentes dos regidores del PRD que se oponían a la edificación, en tanto no se definiera quién o quiénes eran los legítimos propietarios del inmueble. Se referían a Teresa Ruiz Valencia (esposa del secretario de Gobierno, Adrián López Solís) y José Guadalupe Benítez Gómez.
Ambos, en una sesión de cabildo celebrada el 17 de julio, hicieron pública su oposición a la donación de un predio de 3 mil 272 metros cuadrados para la edificación del telebachillerato, porque estaba en duda si el ayuntamiento era el propietario del inmueble.
En un pasaje de su intervención que no aparece en el boletín oficial del evento, Herrera Tello llamó a la reconciliación de la población de San Miguel, un exhorto que llegó a pocos, ya que en el evento corte no estuvieron presentes más de una treintena de pobladores de la tenencia. Había alumnos, padres de familia, un gran número de empleados municipales y estatales.
Vicente Nava Elizalde, jefe de tenencia, no sólo soslayó el llamado del edil zitacuarense, sino que además fustigó a quienes resultaron afectados por la edificación del inmueble, un proyecto que encabezó a capa y espada y le valió la inconformidad de muchos en esa localidad.
“Aquí está lo que nos robamos”, exclamó antes de anunciar que las escrituras del inmueble se entregaban a la directora del plantel por parte de alcalde y del titular del Telebachillerato en Michoacán.
Entre los pocos residentes de San Miguel que asistieron al evento surgió la pregunta cómo se consiguieron esos documentos, ¿quién o quiénes? los expidieron, toda vez que el conflicto por la posesión está en tribunales.
Un reconocido abogado en esta demarcación comentó a Monitor Expresso que la representación legal de la autoridad tendrá que ser muy transparente y eficiente en todo el asunto.
Añade que no debe descartarse que la administración pierda el tema, al tiempo que recuerda un caso parecido en el gobierno municipal que presidió el hoy senador priísta José Ascención Orihuela.
El gobierno de ese entonces perdió un litigio donde se empezó a construir una prisión en una zona de la localidad de Camémbaro. Se detuvo la obra y el predio quedó en poder de quienes acudieron a las instancias judiciales para dirimir el diferendo.
