Naomi Carmona
Morelia, Michoacán. – Especialistas ambientales y representantes de organizaciones civiles, concluyeron en que la nueva Ley Ambiental pendiente de lectura y aprobación en el Congreso de Michoacán, es retrógrada y regresiva, al estar basada en políticas empresariales y de lucro, especialmente en el tema de áreas naturales protegidas.
Durante el foro virtual de análisis “La Ley Ambiental que necesitados”, los expertos mencionaron que la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo libera las áreas naturales protegidas para afianzarse de manera discrecional, es decir que regula que los propietarios de terrenos que no estén interesados en su protección, pueden disponer de la zona para su comercialización o fragmentación.
La Doctora de la UNAM, Patricia Ávila detalló que la nueva ley da la facilidad al cambio de uso de suelo, lo que la convierte en una ley menos avanzada a la anterior del 2017.
“Todo lo que en la Ley General de Equilibrio Ecológico se define como utilidad publica, o sea de beneficio social y colectivo, en esta propuesta de ley lo elimina, ya no es utilidad pública, sino de orden público, eso cambia totalmente la noción porque tiene que ver con lo estatal, de normas, quita la posibilidad de que a demás del Estado, otros actores puedan incidir y participar en la cuestión de la gestión ambiental (…) En la ley actual dice que el cambio de uso de suelo tiene que someterse a un proceso en donde se tiene que justificar porqué es importante ecológicamente esa área en caso de que se le tenga que hacer una modificación, en la prepuesta que circula se elimina ese proceso, entonces el cambio de uso de suelo se vuelve discrecional. En vez de tener una ley que garantice que estas áreas que son estratégicas, en esta ley se facilita su cambio y pasa solamente a una competencia administrativa”.
A pregunta expresa, Moctezuma Madrigal, vocero de la organización Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, declaró que existe una necedad por parte de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local, para evitar escuchar a la sociedad civil e incluirla en la elaboración de la ley, pese a las ya varias invitaciones y propuestas por escrito que se le han hecho llegar a la LXXIV Legislatura.
Cabe mencionar que durante el foro, se hizo presente la asesora de la diputada y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Mayela Salas Sáenz, quién mencionó que los integrantes se reunieron con el Consejo Estatal de Ecología (Coeco) y cuestionó la ausencia de los especialistas, y solicitó se le hagan llegar las propuestas realizadas a la comisión, al negar que exista cerrazón del Congreso hacia las organizaciones civiles.
La respuesta de Patricia Ávila fue recordarle a la asesora que, el tema no se cierra únicamente a especialistas ambientales y abogados para la redacción de las reformas, sino que incluye a la sociedad en general y la muestra de la negativa de los legisladores se materializa con el rechazo de las invitaciones a mesas de diálogo por parte de los diputados.
