México. – Este martes, el Senado de México aprobó un pronunciamiento contra Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, luego de que el organismo internacional emitiera medidas cautelares contra el Estado mexicano por la desaparición sistemática de personas en el país. Con 71 votos a favor, la mayoría oficialista de los partidos Morena, PT y Verde respaldó el rechazo a las acciones del Comité, alegando que no existían pruebas que justificaran tales afirmaciones sobre las desapariciones en México.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, destacó que recurrirán a las instancias más altas de la ONU para exigir la sanción del funcionario, afirmando que el Comité había emitido acusaciones sin fundamento. Noroña también subrayó que el informe final de la CED no contenía críticas específicas hacia México sobre desapariciones forzadas.
Al leer el pronunciamiento, Noroña dijo: “¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración?
“Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México
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Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso, que la citada comisión plantee a nuestro país”.
Por otro lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el artículo 34 de la Convención Internacional, señalando que las desapariciones forzadas en México habían adquirido un carácter “sistemático o generalizado”. Esta medida, que prevé llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, fue la última instancia luego de años de alertas previas.
Expertos como Santiago Corcuera y Jacobo Dayán coincidieron en que la decisión del Comité refleja una creciente preocupación internacional sobre la falta de acción del gobierno mexicano ante este fenómeno, subrayando que las políticas nacionales no han dado los resultados esperados. Además, criticaron la minimización oficial del problema, destacando la complicidad de actores estatales y del crimen organizado en estos crímenes.
El pronunciamiento del Senado y la activación de procedimientos internacionales evidencian la tensión entre el gobierno mexicano y las instancias internacionales en torno al manejo de las desapariciones forzadas en el país.
