Zitácuaro, Michoacán.- Ni la coerción ni la persecución arreglarán los problemas ambientales que está causando en Michoacán el cambio de uso de suelo de al menos 120 mil hectáreas, en su mayoría de vocación forestal.
El señalamiento es del diputado local Roberto Carlos López García, tras advertir que en el corto y mediano plazo la entidad podría no contar con el agua suficiente tanto para producir como para otros usos domésticos.
Ex dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), uno de los principales sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador señala que el gobierno que preside el perredista Silvano Aureoles Conejo manda señales de confrontación con uno de los sectores más productivos del estado, al instrumentar una serie de operativos para combatir el cambio del uso de suelo.
“Es legítimo buscar el reordenamiento y la sustentabilidad ecológica de las actividades agropecuarias, pero debe hacerse luego de la definición de una clara e incluyente política pública que abarque todos y cada uno de los puntos de la problemática actual y su solución a corto, mediano y largos plazos”.
López García añade que no es tarea fácil modificar de un día para otro prácticas agropecuarias de al menos dos décadas, ni mucho menos sancionar a quienes ya están en una producción exitosa.
“Más que la coerción se necesita la persuasión. Ello se logra a partir de una política pública que sea realista y logre los consensos necesarios a través de una claridad de metas y siempre como eje la sustentabilidad ecológica y económica de los productores del campo”.
Los operativos que realiza la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) en contra de lo que denomina “huertos ilegales” de aguacate en varios puntos de Michoacán son limitados y poco adecuados para arreglar los problemas ambientales que ya padece Michoacán, añade el diputado al mencionar que en materia de producción ganadera también hay focos rojos.
“En el último lustro se cambió la vocación forestal de unas 12 mil hectáreas para usarse como agostaderos”, destaca tras convocar a las autoridades estatales a incluir a ese sector en una gran mesa de trabajo a fin de darle solución al problema del cambio de uso de suelo.
Otro punto que también cuestiona López García es la intención de la Semaccdet de imponer una especie de “impuesto verde” para los dueños de huertas que estarían violando la Ley Forestal del estado y que implicaría una extensión de más de 30 mil hectáreas.
“Al cobrarles se estaría reconociendo sus actividades, se mandaría una señal de que el daño ambiental puede cuantificarse y que la producción de agua vía bosques sería secundaria al funcionamiento de los huertos”.
El legislador local subraya que los problemas ambientales en la entidad son complejos, pero urge su atención y solución, de lo contrario Michoacán, antaño un oasis con reconocimiento mundial, no tendrá agua ni para su principal actividad económica, ni para usos domésticos vitales.
“Antes de que se profundicen los operativos de la Semaccdet a cultivos de barries, duraznos y guayabas, la autoridad debe convocar al diálogo, al acuerdo; no a la imposición o el autoritarismo. En el Congreso está en análisis una enmienda a la Ley Forestal del estado que pone el acento en la concurrencia de todas las partes interesadas en la sustentabilidad ambiental y una relación simbiótica con los productores del campo”.
