México. – México participó en el Examen Periódico Universal 2024 frente a más de 100 naciones que conforman el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, Suiza. Esta ocasión marca la cuarta vez que el Estado mexicano se somete al escrutinio internacional sobre el respeto a los derechos humanos en el país. Durante este evento, México recibió más de 300 preguntas y recomendaciones por parte de los países miembros de la ONU, superando la cifra de 2018, que fue de 264.
Entre los temas y preocupaciones principales planteados por la comunidad internacional durante este último examen se encuentran la creciente militarización en el país y el papel militar de la Guardia Nacional, así como las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. También se abordaron las agresiones contra mujeres y las violaciones a los derechos humanos en relación con la movilidad de personas migrantes y solicitantes de refugio.
También se señaló la preocupación por el empleo de las fuerzas armadas en detenciones, así como por los casos de desapariciones y desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales. Además, se destacó la discriminación sufrida por personas mexicanas de ascendencia africana.
Muchas de estas recomendaciones ya habían sido formuladas en exámenes anteriores, como el de 2018. En este sentido, las organizaciones civiles de derechos humanos, agrupadas en el Colectivo EPUmx, resaltaron que esto indica que dichas recomendaciones y observaciones no se han atendido ni han experimentado avances significativos durante los cinco años de gobierno de López Obrador.
“Hay una insuficiencia en el esfuerzo institucional”, indicaron.
Cuestionan militarización en México
En contraste, aspectos como la militarización, que no recibieron atención por parte de los países miembros de la ONU durante el examen de 2018, surgieron como temas de gran preocupación en esta ocasión.
En particular, naciones como Gran Bretaña y Nueva Zelanda plantearon directamente a la delegación mexicana cuál era el plan del Ejecutivo para “desmilitarizar” la esfera pública en México, haciendo hincapié en la Guardia Nacional. La respuesta de la representación mexicana consistió en reiterar que este cuerpo de seguridad es de naturaleza “civil”, una respuesta que generó críticas por parte de los grupos de derechos humanos.
“A pesar de que el Estado mexicano niegue e insista en que la Guardia Nacional es civil, está claro que la comunidad internacional sabe que no es así y por eso ha aumentado notablemente la preocupación de los Estados frente a la militarización de México”, apuntó Eduardo Guerrero, activista integrante del colectivo, en una conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México.
Por otro lado, el representante de Turquía instó al gobierno mexicano a garantizar que el despliegue del Ejército no obstaculice la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
Además, los países miembros de la ONU expresaron su inquietud por el aumento del uso de las fuerzas armadas mexicanas en diversos ámbitos de la vida pública del país, especialmente en lo que respecta a la detención de personas migrantes. A pesar de que en años anteriores se ha hecho hincapié en la necesidad de que la política migratoria mexicana se base en un enfoque de derechos humanos en lugar de seguridad nacional.
Daniel Osorio, quien forma parte de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), resaltó que otra preocupación que no se había abordado en exámenes periódicos universales anteriores de Naciones Unidas es la discriminación contra las personas afrodescendientes en México.
En este sentido, los estados miembros instaron al país a implementar medidas para respetar y reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, asegurando su consentimiento libre, previo e informado mediante consultas adecuadas.
No asiste FGR ni Poder Judicial
Además, los estados miembros de la ONU expresaron preocupación por la persistencia de altos niveles de impunidad en México en asuntos judiciales, así como por la falta de una estrategia efectiva para abordar este problema. También destacaron la falta de mejora en las capacidades técnicas de las fiscalías y otros organismos encargados de la búsqueda de personas desaparecidas.
A pesar de estas críticas internacionales, es importante señalar que entre los representantes mexicanos que asistieron a Suiza para defender el desempeño del Estado en materia de derechos humanos, no hubo ningún representante de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni del Congreso mexicano. Por lo tanto, las preguntas sobre los avances y la efectividad de la FGR en la procuración de justicia después de la reforma que la estableció quedaron sin respuesta por parte de la delegación mexicana.
Libertad de expresión y ataques a la prensa
Otro tema que generó gran inquietud entre la comunidad internacional fue el respeto a la libertad de expresión y las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En total, hasta 28 países, incluidos Estados Unidos y varias naciones europeas como Bélgica y Austria, manifestaron su preocupación por los ataques a la prensa en México y solicitaron que se garantice la libertad de expresión en el país. Además, países como Canadá hicieron un llamado especial para una mayor protección de las periodistas mujeres que son víctimas de agresiones, adoptando una perspectiva de género. Por otro lado, Australia expresó su preocupación por los elevados niveles de feminicidios en el país.
No hubo respuesta sobre desapariciones
Otro tema recurrente fue el de las desapariciones en México y el estado actual del Registro Nacional de Personas Desaparecidas después del nuevo censo en curso por el gobierno de López Obrador. Este censo ha generado numerosas críticas debido a la falta de transparencia en la nueva metodología, que ha reducido significativamente el número de víctimas durante esta administración. Sin embargo, la delegación del Estado mexicano no proporcionó ninguna respuesta al respecto.
“Eduardo Guerrero, activista, lamentó que la delegación mexicana se haya dedicado a justificar las cifras del nuevo censo”, y también señaló que “la delegación mexicana destacó la puesta en marcha de un Banco de Datos Forenses como si ya hubiera cumplido con esa recomendación”.
“Los estados preguntaron qué estaba haciendo México para hacer funcionar ese Banco, pero tampoco hubo respuesta”, enfatizó el activista.
“Millones de mexicanos dejaron la pobreza”
En la sesión de hoy, los representantes del gobierno mexicano resaltaron los progresos en materia de seguridad al afirmar que se ha registrado una disminución en los índices delictivos. Además, destacaron los resultados positivos de políticas públicas de índole social, como diversas becas dirigidas a las personas más necesitadas, las cuales habrían contribuido a la reducción de la pobreza en el país.
Uno de los miembros de la delegación mexicana enfatizó que “más de 5 millones de personas han salido de la pobreza” y también resaltó los cambios realizados durante el actual gobierno para promover la inclusión laboral de las mujeres, un aspecto que fue elogiado por países como Turquía, Ucrania y Uganda.
¿Qué sigue?
Tras recibir las recomendaciones, el gobierno mexicano tendrá hasta el mes de junio para revisarlas y determinar, durante una nueva comparecencia en Suiza, si las acepta o no. En caso de aceptarlas, deberá especificar los mecanismos que implementará para cumplirlas y llevarlas a cabo.
Los miembros del Colectivo EPUMx expresaron su esperanza de que estas recomendaciones se traduzcan en acciones concretas de políticas públicas que mejoren el respeto a la dignidad de las personas en México. Asimismo, esperan que estas recomendaciones sirvan como base para la formulación de un plan de acción a largo plazo que oriente las políticas y acciones gubernamentales en los próximos años, involucrando a la sociedad civil y a las víctimas en el proceso de toma de decisiones.
Fuente: Animal Político
