Mtro. Miguel Angel Ayala Barajas*
Los problemas más sentidos en México son la pobreza y la desigualdad. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de mexicanos en situación de pobreza incremento en 3 millones de personas en los últimos 10 años, representando el 42% del total de la población; es decir, de cada dos personas que viven en México, aproximadamente una persona es pobre. Por su parte, la desigualdad entre los mexicanos lacera el tejido social en todos los rincones del país, según datos del Banco Mundial, en los últimos 10 años han sido minúsculos los cambios en la concentración de la riqueza, la mayor parte de la misma se encuentra en pocas manos.
Por si no fuera poco, en Michoacán las cifras son más preocupantes, ya que el porcentaje de Michoacanos en condición de pobreza representa el 46% del total la población; es decir, 5% más que el valor nacional. Con una desproporción considerable en la distribución de la riqueza estatal, pocos Michoacanos con mucha riqueza y poca riqueza para muchos Michoacanos. En otras palabras, la pobreza y la desigualdad en Michoacán, por su agravamiento, deben ocupar el primer lugar de las acciones implementadas, no solo por el Gobierno Local, si no por el conjunto de poderes en el Estado que incluye obviamente al Poder Legislativo Estatal o al Congreso de Michoacán.
Por tanto, se espera que el uso eficiente de los recursos públicos permee hacia el conjunto de las acciones emprendidas por los poderes públicos en Michoacán, no solamente para la atención de la pobreza y desigualdad. Que desde, la construcción de una obra pública o la atención ciudadana en una dependencia del Ejecutivo Estatal, hasta los procesos para la elaboración de leyes locales y el funcionamiento de sus órganos fiscalizadores, se observe en todo momento austeridad y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos: hacer más con menos.
Sin embargo, no es así. Al menos no, para el caso de la Congreso del Estado de Michoacán y para muestra explico algunos datos. Para el año 2020 con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el Congreso del Estado de Michoacán es el tercer Congreso más caro del país, solamente por debajo de los Congresos de la Ciudad de México y del Estado de México. El Congreso del Estado de Michoacán gastara poco más de 800 millones de pesos para este año.
Es de mencionar que, tanto la Ciudad de México como el Estado de México desarrollan actividades económicas y generan riqueza que supera por mucho a las mismas que se desarrollan en Michoacán; es decir, tales Entidades Federativas tienen una mayor capacidad de pago que la que tenemos en nuestro Estado. Al revisar los datos, según el valor del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), la riqueza que genera el Estado de México y la Ciudad de México es tres y siete veces mayor, respectivamente, que la riqueza que genera nuestro Estado; lo que representa, que en Michoacán se está pagando un Congreso Estatal como si se contara con ingresos hasta 7 veces mayores que con los que se generan.
Por otro lado, si se revisa el número de escaños por Congreso Local y su costo promedio, es posible verificar que el costo por Diputado es de poco más de 20 millones de pesos anuales en Michoacán, lo que nos ubica como el cuarto Congreso Estatal en el país que más gasta por cada Diputado Local.
Cabe destacar que otros Congresos Estatales con un número similar de Diputados erogan a lo más la mitad del costo promedio que pagamos los Michoacanos por cada escaño, como es el caso del Congreso del Estado de Oaxaca en donde el costo por Diputado es de 9.9 millones de pesos al año. Es de mencionar el Congreso del Estado de Puebla, en donde el costo por Diputado local que la población paga es solamente una cuarta parte de lo que pagamos los Michoacanos por cada uno de nuestros Diputados; es decir, los Poblanos pagan por Diputado un promedio de 5.5 millones de pesos al año. En condiciones similares se encuentran los Congresos Estatales de Chiapas, Sinaloa y Nuevo León, pagando menos por Diputado que lo que pagamos los Michoacanos.
Como se puede observar, es posible utilizar de mejor manera el recurso público, contextualizando la capacidad económica de la población y emulando el uso de los recursos en otras entidades del país, que deriven en recursos de libre disposición para atender las principales necesidades económicas y sociales de nuestro Estado.
Finalmente, se hace necesario revisar la calidad y ejercicio del gasto público en Michoacán, no solamente en el ámbito Gubernamental sino también en el Legislativo; para que no se muestre a los Poderes Públicos Estatales como precursores de la pobreza y la desigualdad en la que estamos sumidos. Se hace indispensable tomar acciones que permitan superar el “Congreso rico, pueblo pobre”.
*El autor fue Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán de Ocampo A.C., actualmente estudia el Doctorado en Ciencias Administrativas y es consultor en temas de economía y finanzas públicas.
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