Mundo. – El Gobierno ha preparado y publicado el borrador de la nueva ley trans, que incluye disposiciones como la posibilidad de mediación entre los 12 y los 16 años si los padres del menor inicialmente se oponen a los tratamientos médicos para la transición, entre otros aspectos.
El proceso de audiencia pública para la futura ley comenzó ayer, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía, a las entidades y a los grupos no formalmente constituidos, con el fin de identificar los principales estigmas y discriminaciones que enfrentan las personas transgénero en diferentes aspectos de la sociedad. Una vez finalizada la consulta, que concluirá el 9 de febrero, se revisarán las alegaciones y el texto resultante será sometido a la deliberación del Consell Executiu. Posteriormente, se remitirá al Parlament para su discusión y votación.
Según esta ley, a partir de los 12 años, se deberá “respetar” la opinión de los adolescentes en asuntos relacionados con la atención médica. En este sentido, el Gobierno señala que si los padres no están de acuerdo con la decisión del menor, como por ejemplo, si rechazan los tratamientos, se podrá recurrir a la mediación.
La propuesta de ley presentada por la conselleria de Igualdad y Feminismos establece que las administraciones deben reconocer y tratar a las personas conforme al nombre y la identidad de género que manifiesten. Además, incluirá una tercera opción de género no binario en los formularios y documentos oficiales.
Por otra parte, el Gobierno planea desarrollar un programa para apoyar a aquellos individuos que hayan sido desalojados de sus hogares debido a su identidad y expresión de género. La ley exigirá a las autoridades públicas que faciliten el acceso a servicios de alojamiento temporal para personas que carezcan de una alternativa habitacional y que se encuentren en situaciones de violencia o en riesgo de sufrirla.
Asimismo, la regulación garantiza que los jóvenes trans de 18 a 23 años, que hayan sido víctimas de violencia debido a su identidad de género, tengan derecho a acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía, lo cual incluye situaciones como el ser expulsados de sus hogares.
