México. – La Suprema Corte será la encargada de revisar si las Fuerzas Armadas pueden seguir realizando acciones de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, como establece un acuerdo presidencial de 2020.
Hace más de dos años, el actual gobierno mexicano le dio “legalidad” a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que se intentó en los dos sexenios previos.
Este es uno de los cuatro recursos de controversia constitucional presentados ante la Corte en contra de la militarización de la seguridad pública. El promovente fue la Cámara de Diputados, pero siguen están la lista los amparos del gobierno de Michoacán, del municipio de Colima (Colima) y del municipio de Pabellón Arteaga (Aguascalientes).
El 11 de mayo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se dispone que las Fuerzas Armadas pueden realizar acciones de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
El acuerdo también autoriza el despliegue de más de 80,000 militares en las calles haciendo tareas de seguridad pública, lo que representa una cifra récord desde que se les dieron estas facultades en 2006.
Distintos actores de la sociedad civil celebraron la decisión de la Primera Sala de dejar en manos de todas y todos los ministros de la Corte la discusión sobre la militarización de la seguridad pública.
Sobre este acuerdo militar, un juez de distrito ya había declarado que es inconstitucional, pues el Ejecutivo federal no justificó adecuadamente el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía.
“(Es una) determinación claramente injustificada y desproporcional, si se toma en consideración que no todas las entidades federativas se encuentran en la misma situación de seguridad o inseguridad”, agregó el juez en su fallo.
Un día antes de la resolución de la Primera Sala, organizaciones civiles pidieron a los ministros considerar en su análisis los derechos humanos y la perspectiva de género, toda vez que mujeres y niñas han sido víctimas de la militarización de la seguridad pública.
Pese a lo que resuelva el pleno de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará impulsar una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para legitimar las tareas de la Guardia Nacional en la seguridad pública, y así transferir por completo a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según dio a conocer en junio de este año.
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Así, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Sedena, lo que permitiría mantener a las Fuerzas Armadas en las calles y perpetuar lo que organizaciones civiles y especialistas llaman “la militarización de la seguridad pública”.
En tanto el acuerdo de mayo de 2020 siga vigente, también lo estará la permanencia de los militares las calles. La Suprema Corte será la que defina si es o no constitucional.
