La libertad de expresión e información ha sido un derecho ganado de la sociedad, no sólo de los periodistas o de los comunicadores. Este derecho que tiene su base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, documento inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que habría nacido como respuesta a los trágicos hechos cometidos por los estados totalitarios durante la segunda guerra mundial.
El derecho a hablar, a expresar opiniones, a manifestarse e incluso a quejarse, sin que ninguna autoridad reprima o presione para acallar estas voces, esa es la libertad de expresión y por tanto, no sólo es libertad de los periodistas.
En México, la libertad a expresarse ha sido vulnerada por la autoridad de diversas maneras; la primera de ellas, al no brindar condiciones para que las personas que se dedican específicamente al periodismo o a la comunicación puedan ejercer su profesión de manera segura, muestra de ello son los más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos en nuestro país en los últimos 10 años de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras.
También, se ha acusado de manera directa a la autoridad gubernamental de atentar contra la integridad física, emocional y laboral de periodistas, fotógrafos o comunicadores por no “estar de acuerdo” con la postura oficial, por atreverse a denunciar abusos y omisiones de parte del gobierno o de los grupos fácticos en México.
El caso más reciente, es el de Ruben Espinosa, periodista veracruzano quien fuera primero perseguido, después exiliado y finalmente, asesinado este fin de semana pasado junto otras personas más que también se dedicaban a la comunicación.
La lamentable pérdida de un comunicador más en nuestro país, nos lleva a preguntar ¿qué es lo que se ha logrado con la flamante ley que se creó para la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos?
La respuesta pareciera muy simplista pero en este caso, es mucho más compleja; hace tres años, ante la presión de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para personas protectoras de derechos humanos y periodistas, como es costumbre en México la expedición de esta ley conllevó a la creación de diversas instancias especializadas para la protección de periodistas y de un mecanismo para solicitar dichas garantías.
En este caso, es la Secretaría de Gobernación la encargada de ejecutar esta política de protección a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; sin embargo, incluso al revisar el propio procedimiento se vislumbra que la entrega de un equipo celular, la instalación de cámaras, cerraduras, la reubicación temporal e incluso el resguardo por parte de cuerpos especializados de seguridad no es suficiente para lograr la seguridad de los comunicadores en México.
Claramente estas medidas si bien son emergentes y deberían de ser entregadas a los solicitantes ante el más mínimo atisbo de peligro, no son suficientes para resguardar la integridad personal de los periodistas cuando el problema está en medio de la sociedad, es decir, en un país donde no se fomenta el estado de derecho y el respeto a la ley y a las personas, difícilmente será mediante guaruras que los comunicadores puedan ejercer su profesión de manera libre y por tanto, cumplir con la función social de informar que tradicionalmente se les ha otorgado.
Hasta aquí mi comentario, nos vemos, leemos o escuchamos en breve, puedes seguirme en @panopticomx o escribirme al correo [email protected]