Desde el mes de mayo, en Honduras se está gestando el cóctel perfecto para la caída de un presidente o al menos, para que se generen reformas interesantes en materia de prevención de corrupción en aquel país.
Y es que el movimiento de los indignados ha logrado llamar la atención internacional, en Tegucigalpa no paran las marchas para exigir que se inicie la investigación sobre el destino de unos 300 millones de dólares que fueron extraídos del Instituto de Seguridad Social y de los que presuntamente, al menos 94 mil dólares ingresaron a la campaña del entonces candidato del Partido Nacional y ahora Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Los responsables directos del fraude, es decir, los funcionarios de la institución involucrados ya se encuentran presos, pero a raíz del caso surge el movimiento de los indignados bajo la consigna principal de que Orlando Hernández dimita al cargo popular.
A un lado de Honduras, por las mismas fechas en que iniciaran su huelga de hambre 23 de los indignados; en Guatemala, la vicepresidenta de ese país, Roxana Baldetti, renunció al encargo por verse involucrada en una red de corrupción, que de acuerdo a las investigaciones era encabezada por su secretario particular y que ahora se encuentra prófugo de la justicia.
Estos dos casos, son sólo una muestra de que la corrupción y la impunidad son flagelos que lastiman a América Latina y la historia no es diferente en México, con una pequeña variación: aquí no hay cientos de jóvenes en las calles exigiendo que se esclarezca el paradero de recursos públicos que han sido desviados para otros fines y que además, han llevado al enriquecimiento (ilícito, por supuesto) de funcionarios, políticos e incluso líderes sindicales.
Y es que de acuerdo con Índice de Impunidad Global 2015 elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, México se encuentra en el grupo de los cinco países con los índices más altos de impunidad, los otros cuatro son Filipinas, Turquía, Colombia y la Federación de Rusia.
En este tenor, la Secretaría de la Función Pública informó el 31 de julio que se pusieron en marcha acciones por parte del titular el Ejecutivo Federal para prevenir la corrupción y también para evitar situaciones de conflicto de interés.
Estas acciones, forman parte de una estrategia que ha tratado de impulsar el Gobierno de la República para limpiar su imagen después de los escándalos por la compra de casas a constructoras que después presuntamente fueron beneficiadas con contratos millonarios por parte de la federación.
Más allá de los escándalos y rescatando la situación que viven nuestros vecinos del sur, plantea la reflexión de si los funcionarios (incluso a nivel presidencial) deberían de dimitir al cargo en cuestiones tan delicadas como ésta que complican incluso la operatividad de servicios tan básicos y necesarios como el que el estado provea de servicios de salud; valdría la pena entonces, revisar si los mecanismos que existen para evitar actos de corrupción son los suficientes o es necesario, fortalecer el sistema de incentivos (positivos y negativos) existente para lograr salir de estos grandes problemas que anualmente restan cifras millonarias al erario público y por supuesto, vulneran la prestación de servicios por parte del estado.
¿Corruptos por naturaleza? No lo creo, sólo es necesario que el granjero ponga orden en la finca.
Hasta aquí mi comentario, nos leemos o nos vemos en breve; también puedes seguirme en @panopticomx o escribirme a osirisglezgalvan@gmail.com