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La justicia de los machos (en tierra de muertas)

Jalisco, México.- Una burla. Una jodida broma. A María de Lourdes le parece indignante el fallo del juez que dice que, al paso de unos años, el asesino que destrozó a su hija y a su madre a martillazos pueda salir y seguir su vida en libertad.

“¿Qué va a pasar?, ¿al rato van a querer que vayamos a darle ‘las gracias’ porque permitió que lo metieran preso? Se me hace un insulto”, se duele la mujer, haciendo eco de las insuficiencias en las condenas de la justicia en la entidad.

Jalisco es el cuarto lugar nacional en feminicidio, según los datos del  primer trimestre de 2018 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No obstante y pese al discurso oficial sobre endurecimiento de penas, los responsables de asesinar mujeres están obteniendo castigos menores.

El factor principal, es la petición legal que hacen los agentes del Ministerio Público para que los culpables alcancen bajas condenas, apenas superiores al castigo por robar y marcar vacas1.

El contexto

En el año 2012 se consiguió que el feminicidio fuera incluido como delito en el Código Penal de Jalisco, imponiéndose de 25 a 45 años de prisión para quien fuera juzgado como culpable. Después del 4 abril del 2017 los Poderes Legislativo y Ejecutivo elevaron la pena del feminicidio de 40 a 70 años de cárcel.

Sin embargo, el 83 por ciento de las sentencias por delito de feminicidio registradas en los 12 distritos judiciales de Jalisco desde el año 2016 fueron emitidas bajo “procedimiento abreviado”, según el oficio 1408/2018, obtenido vía transparencia.

Esta posibilidad derivada del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) ha sido argumento para que el 33 por ciento de las condenas emitidas sean inferiores a las establecidas en el Código Penal: en el distrito correspondiente a Puerto Vallarta, en el año 2017 se otorgó un castigo por 17 años de prisión; y en el presente año 2018, otra sentencia por 14 años de cárcel, según consta en el oficio CJJ/DVIII/229/2018 firmado por Alejandro Villegas Nájar, Administrador Distrital del Juzgado de Control y Juicio Oral de Puerto Vallarta.

“La acosaba hasta hacerla llorar”

“Se me hace muy cruel la forma en la golpeó”, narra María de Lourdes Cruz, sobre el asesinato de su hija Brenda, de 16 años. Describe detalles crudos sobre cómo Nicolás*, el vecino que la acosaba, le desfiguró partes del cuerpo, a fuerza de impactos.

“Nosotros nunca le habíamos hecho nada… Ya después una amiga (de Brenda) y un muchacho que era su novio, me dijeron ‘es que la acosaba por teléfono. Hasta la hacía llorar’. Le decíamos que le platicara a usted. Nos contestaba ‘yo lo voy a arreglar, no quiero que mi mamá se meta en problemas, porque si se entera va a ir a pelear con él y no quiero’”, cuenta, “no le gustaban los problemas, por eso se quedó callada”.

Nicolás ingresó a la casa de Brenda, en la Colonia del Carmen, en el Sur de la Ciudad, con el pretexto de realizar unas reparaciones en el baño. Le pidió a la abuela de la adolescente un martillo y luego se metió al patio para buscar un ladrillo, dijo.

Sólo estaban ellas dos en casa, el resto de la familia estaba trabajando. Era de mañana, y en un rato más, Brenda se iría a la  Preparatoria Número 5, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde estudiaba por la tarde. Nicolás lo sabía.

En ese tiempo Brenda estaba emocionada. Su planilla acababa de ganar las elecciones estudiantiles. Comenzaba octubre, pero ya estaba eligiendo su vestido para la fiesta de graduación. Y buscaba su vocación para ejercer. Medicina forense, tal vez, recuerda su madre.

Ninguno de los planes pudo continuar. A Brenda la encontraron sin vida, desnuda, de la cintura para arriba. Su abuela también fue herida por el mismo martillo de Nicolás, pero a diferencia de la joven, recobró la conciencia para acusar al responsable. Un año después, derivado de las lesiones, también falleció.

“Hay días que no me quiero levantar. Tengo un cuadro grande que le mandaron hacer sus amigas, y me pongo frente a ella  (Brenda) y le digo que me hace mucha falta, que yo la necesito. Sé que ella no va  a regresar, pero no puedo hacerme a la idea. Ella tenía muchas cosas que hacer todavía”, comparte la madre de Brenda.

A Nicolás lo detuvieron tres días después del feminicidio de la joven. Estaba robando artículos de higiene personal en un supermercado y aún llevaba puesto el pantalón con manchas hemáticas. La celeridad con que fue aprehendido aún le sorprende a María de Lourdes: según el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) – de acuerdo con declaraciones de la diputada local con licencia, Rocío Corona – el 80 por ciento de los feminicidas en Jalisco se encuentran prófugos.

El procedimiento abreviado

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el 59 por ciento de los casos de feminicidio – desde que éste se encuentra tipificado en Jalisco – han presentado insuficiencias en su investigación, por lo que no han llegado a la etapa judicial.



Del total de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio desde el NSJP sólo el 8.8 por ciento ha obtenido una sentencia. Con penas mínimas.

El “procedimiento abreviado” es una política criminal reciente que tiene como propósito el desahogo en el volumen de juicios y que el Ministerio Público “se enfoque en la persecución penal de hechos de mayor impacto”, según dicta el Acuerdo FGEJ No. 05/2016, publicado el 21 de abril de 2016 en el “Periódico Oficial El Estado de Jalisco”, sobre el objetivo de la acción.

Los delitos que tienen más o menor trascendencia se encuentran a criterio, toda vez que Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la figura sea aplicable a cualquier delito.

Se apertura por solicitud de los agentes de la Fiscalía; la “parte ofendida” necesita estar conforme con la acción. Según el Artículo 90 del Código estatal de Procedimientos Penales, dicha denominación se le confiere a quien es víctima del delito.

La persona imputada se abstiene de llevar a cabalidad su derecho a un juicio declarándose culpable, obteniendo un beneficio en la reducción de su condena. El tiempo que permanecerá en la cárcel “implica un acuerdo previo entre la defensa y el Agente del Ministerio Público”, establece el documento publicado.

La realidad

“Quiero decirles a todas y a todos ustedes que no están solos (…), saben ustedes que no existe cadena perpetua, pero aquí se presentó una iniciativa para que quien cometa un feminicidio no salga de prisión (que se mantenga en prisión) de 40 a 70 años”, afirmó el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, el 2 de noviembre pasado, durante un evento protocolario de entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio y parricidio.

Sin embargo, conforme a lo establecido en el Acuerdo FGEJ No. 05/2016 la práctica de solicitar el procedimiento abreviado para quien asesine a una mujer por razones de género abre la posibilidad de una reducción significativa.

“En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de los delitos culposos, de la pena de prisión”, señala el texto. Es decir, pese a la reforma en el Código Penal, un feminicidio en Jalisco podría castigarse en términos prácticos, con 26 años y siete meses de prisión.

Sentencia, sin justicia

“Cuando me dijeron la sentencia casi me desmayo. Le dieron 25 años y tres días. Veinticinco por mi hija (Brenda) y tres días por mi mamá. A mí se me hace algo muy injusto, (dictaron la cantidad de años) que porque no tenía antecedentes”, dice María de Lourdes.

“Y luego la reparación del daño no la puede pagar, porque no tiene dinero, y aunque tuviera no le aceptaría nada. Eso no me importa. Yo lo que quiero es que sí se haga justicia y que él (Nicolás) esté el tiempo que tiene que estar, porque se me hace poco”.

Sea por el criterio del juez o la intervención del Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía, en los familiares de las víctimas de feminicidio priva una perspectiva de indignación por la procuración e impartición de justicia. A las otras madres que María de Lourdes ha conocido a través de la asociación de defensoras de los derechos de las mujeres, nada les es suficiente “para resignarse” ante los crímenes, cuenta.

“Todavía pueden creer que una de mujer ‘provoca’ (su feminicidio), por machismo. Yo pediría que revisaran cada caso que les llega, no porque sea mujer den una sentencia tan baja. Ellos también tienen familia, esposa, hijas. Que revisen a conciencia”, reclama.

Tras el fallo, la madre de la adolescente pidió junto con su abogada, una revisión del caso de  Brenda y su abuela.

“Yo le prometí a Brenda cuando pasó esto, que le iba a pedir a Dios que me diera muchas fuerzas para seguir luchando y que se hiciera justicia. Puede ser que le den la misma cantidad de años, sí, pero al menos ya luché”, afirma.

1 El Código Penal del Estado establece en el Artículo 242 C que al responsable del delito de abigeato calificado se le sancionará con hasta once años de prisión cuando el valor de lo robado exceda del monto de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El Artículo 242 D señala que, independientemente de otras sanciones, se castigará con dos años de prisión a quien altere, elimine marcas de ganado o señale animales orejanos.

*Nicolás. El nombre real del responsable fue modificado debido a que los familiares de las víctimas prefieren mantenerlo en discreción, para evitar conflictos.