Fotografía/ Alcanzando el conocimiento
México.- Luego de que un juez negara en definitiva aprobar la orden de aprehensión en contra 31 científicos y ex funcionarios de Conacyt, la Fiscalía General de la República (FGR) lanzó un comunicado en el que muestran su postura de molestia.
En su comunicado escribieron:
Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por delitos patrimoniales en contra del erario público, y después de que había sido filtrada a los medios dicha solicitud cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso.
El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.
Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.
Más de 600 catedráticos de diferentes institutos, facultades y sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Cinvestav, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se expresaron contra las acciones emprendidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Fiscalía General de la República (FGR), a la que le exigieron “atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia”.
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