Morelia, Michoacán. – “M” tenía 12 años cuando fue violada por su padrastro. Recién cumplidos sus 13 años se acercó junto a su madre a la asociación civil, “Humanas Sin Violencia” con el fin de recibir asesoramiento en el proceso legal en la denuncia y acompañamiento para acceder a un aborto seguro.
Ella y su familia viven en el municipio de Morelia, Michoacán, en los límites de la ciudad, zona convertida en un círculo de marginación; es estudiante de secundaria y su condición social es de pobreza, vulnerabilidad y sin acceso a servicios de salud dignos. Cuando se acercó a la organización feminista, “M” tenía casi 16 semanas de gestación. Su violador se encuentra detenido y vinculado a proceso.
La directora de Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrio, al dar a conocer el caso a los medios de comunicación, reconoció el profesionalismos en la atención brindada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, sin embargo, no fue así por parte de la médica que hizo el peritaje, quien fue poco comprensiva, irrespetuosa, e incluso revictimizó a la niña y le hizo creer que ella había sido la culpable de haber sido violada a su corta edad.
Pero ahí no se terminaron los malos tratos: ante la Secretaría de Salud, se realizó una petición a través del Hospital de la Mujer, para interrumpir el embarazo, bajo los criterios de la Norma-046 referente al aborto y avalada por la Suprema Corte de la Justicia. Al entregar la petición, se les indicó que se tendría que someter al “Consejo”, sin especificar cuál y para qué. Quién recibió la solicitud, llamó a la madre que no podía responder en ese momento; al regresar la llamada se le negó la atención. Al siguiente día la misma persona -quien no se identificó- cuestionó porqué la niña no se había quedado en el hospital a valoración sabiendo que su madre no podía dejarla ahí sola siendo menor de edad.
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“Esta burocracia que enfrentó la madre de la víctima y la víctima no es un procedimiento legal, no existe en ningún documento y de existir debería ser anulado porque deben seguir lo que indica la Norma Oficial Mexicana 046, ya que con ello lo que se impide es salvaguardar la vida de la niña, siendo una emergencia, además de que entre más tiempo pase más riesgos hay para la niña, mucho más riesgoso en términos de mortalidad materna si se le deja continuar con la gestación hasta término, lo cual es una tortura y violencia institucional. Y lo que observamos es un total desconocimiento de la ley, además de una falta de profesionalismo en la atención”, apuntó Circe López.
En el DIF Michoacán se enfrentaron también a la violencia institucional por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes advirtieron un costo en la atención psicológica, la cual que estaría dirigida para explicarle a la víctima el proceso de adopción, asumiendo que “M” pasaría por un proceso de parto, actitud que vulnera la integridad de la niña y violenta la decisión para acceder a un aborto seguro que por ley tiene acceso.
Luego de los malos tratos, las omisiones, cuestionamientos y señalamientos, Humanas Sin Violencia realizó los trámites y apoyos para que la pequeña de 13 años pudiera interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, porque ” desafortunadamente aunque no es punible el aborto en Michoacán por violación, las instituciones que señalamos hicieron todo lo posible por impedir acceder no sólo a sus derechos sino a la justicia, que hasta el momento se le debe garantizar”.
López Riofrio, hizo un llamado al gobernador Silvano Aureoles Conejo, para que conozca de viva voz de la víctima, las formas en que se le impidió recibir protección y garantizarle a través de las instituciones del Estado la reparación de daño y un trato digno, pues quienes atendieron a “M” demostraron su desconocimiento en materia de los derechos humanos de las niñas, así como los procedimientos que deben seguir en un caso de violación.