Por Redacción Monitor Expresso
Ciudad de México a 18 de agosto del 2016.- Tras haber dado entrada a la solicitud de expulsión por presuntos actos de corrupción, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priista requirió a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos en su contra.
Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión, señaló que, además de notificarles sobre el proceso, deberán darles derecho de audiencia a Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua.
Aunado a ello, la comisión admitió una solicitud contra el exmandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue vinculado a proceso por uso indebido de funciones, por lo que también solicitó pruebas de las imputaciones en su contra.
Los procedimientos son a raíz de denuncias presentadas por el consejero político nacional Armando Barajas, en las que pidió la suspensión de sus derechos como militantes y, en su caso, la expulsión de los cuatro priistas.
Elías Calles señaló que la intención de solicitar información a las comisiones de Justicia Partidaria de los estados es hacerse de elementos y pruebas sobre los casos, ya que las denuncias fueron sustentadas en notas periodísticas.
Las pruebas (de la denuncia) son las que le acompañan a la prensa, y le requerimos a cada Estado que nos informe”, indicó. Sin precisar un plazo, señaló que, una vez que reciban la información, los Mandatarios y Medina serán citados a una audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, tras lo cual los siete miembros de la Comisión tomarán una decisión.
En el caso de los gobernadores, la solicitud se basa en anomalías en sus gestiones, las cuales están por concluir, y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación.
Los estatutos del PRI y su Código de Justicia Partidaria establecen, entre las causales de expulsión, cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas.
Para el caso de Medina, por estar sujeto a proceso, el Código señala que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante en tanto se dicte una resolución definitiva.
Fuente: Reforma
