Redacción Monitor Expresso
Michoacán a 2 de septiembre de 2016.- El 18 de mayo de 2015 se recibió en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la queja interpuesta ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán por una mujer de 33 años de edad, en la que expuso que el 20 de abril de 2015, aproximadamente a la 1:00 horas, acudió al área de Urgencias del Hospital General de Zona número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Uruapan, Michoacán, ya que cursaba un embarazo de 27 semanas de gestación y presentó ruptura prematura de membranas (ruptura de fuente), la denunciante agregó que fue ingresada al área de tococirugía y le hicieron saber que su estado era delicado ya que su bebé “venía muy pequeño” y en ese nosocomio no contaban con los aparatos necesarios para tratar bebés prematuros (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales).
La quejosa expresó que después de media hora se presentó personal del nosocomio, quien reiteró la información y le hizo saber que existían 2 opciones para tratarla: la primera de ellas era operarla en ese momento bajo el riesgo de que su bebé perdiera la vida debido a la falta de aparatos para su atención, y la segunda era trasladarla a la Ciudad de Morelia.
Ella y su esposo optaron por el traslado y firmaron el documento que autorizaba el mismo. A las 9:30 horas del mismo día, se indicó a la mujer que sólo faltaba la firma del Director para su salida, ya que éste se encontraba en una reunión. Dos horas más tarde otro médico comunicó a la mujer y familiares que a las 11:30 horas de esa fecha saldría la ambulancia que trasladaría a la paciente a la Ciudad de Morelia. No obstante lo anterior, el traslado no se llevó a cabo, ya que les informaron que en el Hospital de Morelia no había lugar y a las 16:20 horas se le informó a la madre de la mujer embarazada que sería operada de emergencia ya que su vida estaba en riesgo
En esa fecha, a las 17:00 horas, se practicó una cesárea y el bebé nació con un peso de 840 gramos y talla de 39 centímetros; la mujer que dio a luz en ese momento, mencionó que la menor fue ingresada en una incubadora que según lo expresó “no era especial para niños de su edad” y falleció a las 2:00 horas del 21 de abril de 2015. Con motivo de lo anterior, se inició el expediente de queja CNDH/4/2015/4099/Q; solicitándose información y copia del expediente clínico respectivo al IMSS.
El pasado 19 de agosto la CNDH emitió la RECOMENDACIÓN NO. 38 /2016 SOBRE EL CASO DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE V1 Y V2 Y A LA VIDA DE V2, EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 8 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN URUAPAN, MICHOACÁN, donde se estableció que “Se tomen las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a V1 y V3 con motivo de la responsabilidad en que incurrió el personal del Hospital General involucrados en los hechos, que incluya una indemnización o compensación y se le proporcione a V1 atención médica y psicológica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, en el Hospital General, o en algún otro Centro de Atención Médica perteneciente a ese Instituto y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.”
Mediante boletín de prensa el IMSS informó que colaborará ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el seguimiento y cumplimiento de la Recomendación. a continuación el boletín:
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará cabal cumplimiento a la Recomendación 38/2016, emitida el 19 de agosto del actual por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre un caso en el cual se proporcionó inadecuada atención médica a paciente, en el Hospital General de Zona No. 8, en Uruapan, Michoacán.
Cabe señalar que al tener conocimiento de lo ocurrido en junio de 2015, el IMSS tomó diversas medidas preventivas y correctivas, a fin de evitar hechos similares.
La Dirección General del IMSS instruyó a las oficinas centrales y a la Delegación en Michoacán el cumplimiento de todos los puntos contenidos en la Recomendación, así como reforzar la capacitación al personal institucional en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales.