Por Arturo Hernández Gutiérrez
Zitácuaro, Michoacán, 10 de octubre de 2016.- Por falta de conocimientos en administración pública el gobierno que preside Carlos Herrera Tello perdió gran parte del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) del ejercicio fiscal 2015.
Es más, de los 5 de 10 millones de pesos que recibió la administración que encabezó Juan Carlos Campos Ponce como parte de ese programa, 2.5 millones quedaron en las arcas municipales para ser ejercidos por las autoridades entrantes
Fuentes cercanas a las auditorías que se hacen al Subsemun 2015 comentaron a este medio que Herrera Tello aún no acredita cómo se gastaron esos 2.5 millones de pesos y que en caso de no hacerlo en un tiempo perentorio se le descontarán de las participaciones.
Un dato más es que fue por falta de pericia y experiencia en asuntos de administración pública por lo que la Federación canceló la mitad del Subsemun 2015 para Zitácuaro. “Ejecución y falta de seguimiento” fueron los motivos de la cancelación, añadieron tras indicar que el gobierno de Herrera Tello desconoció incluso el pago de uniformes para los elementos de seguridad pública municipal.
Aunque el cambio de administración municipal fue el 1 de septiembre de 2015, la improvisación y el desconocimiento en la aplicación de los programas de seguridad pública siguen estando presentes en el gobierno local. En esa área fue asignada una empleada sindicalizada que desconoce la ejecución y seguimiento de los programas en la materia.
Las fuentes indicaron que, de persistir esta situación, el gobierno de Herrera podría perder el programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios (Fortasec) 2016.
Monitor Expresso también encontró que la administración de Campos Ponce es objeto de múltiples observaciones administrativas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el Subsemun 2015.
Ese gobierno se comprometió a la adquisición de tres semáforos, 18 parabuses y cientos de luminarias que serían colocados en lugares específicos de la zona urbana.
Todo el equipo se compró pero no fue instalado en las áreas acordadas con el Sistema Nacional de Seguridad. Por ejemplo, los semáforos se colocarían Avenida Revolución y Salazar, Avenida Revolución y General Pueblita y la calle de acceso a la Central Camionera. Sólo se respetó la primera área, en tanto que las otras dos zonas se cambiaron. Ello ocasionó una observación administrativa, pero algunos funcionarios del actual ayuntamiento indicaron que un semáforo no aparece en ningún lado. El aparato que debía estar en Avenida Revolución y General Pueblita esta en Avenida Hidalgo y General Pueblita.
Otra anomalía fue la colocación de luminarias. Se haría del monumento a Ignacio López Rayón hasta el cruce con Avenida Revolución. Sólo se instalaron los objetos de la calle Miguel Carrillo al monumento a Ignacio López Rayón.
Una observación que no es administrativa y sí financiera es la compra de motocicletas para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.
No se acataron las especificaciones y ello podría derivar en sanciones económicas para Ignacio Urbina, administrador en el gobierno que presidió Campos Ponce.