Morelia, Michoacán.- El diputado Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del PT, refirió que “ante los múltiples casos de arbitrariedad cometidos por agentes de tránsito en Michoacán y los vacíos legales que permiten prácticas discrecionales”, es que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, informaron en un comunicado.
Remarcó que su propuesta busca establecer límites precisos a la remisión de vehículos al depósito, prohibiendo que los reglamentos estatales y municipales operen al margen de la norma general y dejando atrás un sistema permisivo con los abusos cotidianos.
En tribuna, el legislador señaló que “los ciudadanos se enfrentan a un estado de indefensión frente a prácticas viciadas que han normalizado el abuso como forma de gestión pública”. Por ello, la iniciativa incorpora un catálogo claro de causales que justifican la remisión de un vehículo, excluyendo toda posibilidad de interpretación arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad vial. Además, se establecen obligaciones para preservar los objetos contenidos en los vehículos y responsabilidades patrimoniales en caso de daño o pérdida, cerrando así el paso a la impunidad institucional.
Otro eje central de la reforma, explicó, tiene que ver con la recaudación por los servicios de arrastre y depósito. Actualmente, estos cobros no siempre se transparentan ni se enteran debidamente a la Secretaría de Finanzas y Administración. La iniciativa plantea que sea esta dependencia, y no operadores externos o instancias municipales, la responsable de recibir dichos ingresos, con tarifas autorizadas previamente por el Congreso en la Ley de Ingresos del Estado.
“La ley vigente no protege lo suficiente al ciudadano, y sus omisiones han sido terreno fértil para la corrupción”, afirmó el legislador. Lo que está en juego no es un ajuste técnico, sino la necesidad de impedir que el sistema de tránsito siga operando como mecanismo de extorsión disfrazado de legalidad. “Nuestra tarea aquí, desde el Congreso del Estado es garantizar certidumbre jurídica al pueblo michoacano y frenar el abuso como política pública”, concluyó Hugo Rangel.
