Ciudad de México.- Autoridades federales y estatales rompieron un acuerdo con pobladores de Santa María Ostula que derivó en la aprehensión de su comandante comunitario y la muerte de un niño de 12 años.
Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), comuneros de Ostula denunciaron la cooperación de elementos del Ejército y de la Policía Federal con jefes del Cártel de Caballeros Templarios en el municipio de Aquila.
“Alrededor de las 5 de la tarde un grupo de policías estatales, militares, marinos y policías federales acompañados de 2 helicópteros pasaron sobre los retenes establecidos en la comunidad tirando balazos. A su paso se incorporaron elementos del Ejército mexicano, pertenecientes al batallón 86. A través de los altavoces de sus tanquetas se escuchaba ¡Arriba los Caballeros Templarios!”, aseguró el vocero Agustín Vela Ramírez.
“Denuciamos la complicidad de los gobiernos federal y estatal, así como de altos mandos castrenses, con la delincuencia organizada, para atacar y agredir a la población de las comunidades de la región”, agregó.
Vera Ramírez afirmó que los únicos disparos realizados en el enfrentamiento del pasado 19 de julio fueron de militares y federales que arribaron a la zona para detener al comandante Cemei Verdía Zepeda.
El representante comunero afirmó que los hechos del fin de semana son un episodio más del acoso de grupos delictivos y autoridades a la región, pues desde 2008 se han registrado 34 homicidios y varios desaparecidos.
Agustín Vera Ramírez aseguró que representantes de la comunidad se reunieron en marzo con Javier Ocampo García, secretario de Seguridad Pública estatal, y firmaron un acuerdo para respetar la gestión de las autoridades autónomas en su demarcación.
Entre los acuerdos alcanzados entre autoridades y comuneros se enumeran los siguientes: respeto de la Policía Comunitaria, de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coahayana, y Coacolmán; la aprobación de 50 plazas de la Fuerza Rural; captura de los principales líderes del crimen organizado como condición para levantar armas; y una credencial de la SSP para identificar a los elementos y sus armas.
El documento está fechado en San Diego Xayakalan, Aquila, el 16 de marzo de 2015. Fue firmado por Agustín Vera Ramírez y Ezequiel Celestino Grageda, también presentee en la conferencia de esta tarde. De las autoridades michoacanas aparece el nombre de Javier Ocampo García y de Adolfo Eloy Peralta, subsecretario de Seguridad Pública del estado.
