México. – Tras varios días de bloqueos carreteros y negociaciones, el gobierno federal logró un acuerdo con los agricultores que demandaban mejores condiciones para la venta del maíz. El pacto, firmado durante la madrugada de este miércoles, contempla un apoyo directo de 950 pesos por tonelada para 90 mil productores del Bajío, la ampliación del programa “Cosechando Soberanía” —que ofrecerá créditos con tasas preferenciales y seguros agropecuarios— y la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, con el que se busca reducir la intervención de intermediarios y dar mayor certeza a los precios.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el diálogo se llevó a cabo “sin chantajes” y que las propuestas presentadas responden a lo que el gobierno puede cumplir con responsabilidad fiscal. Además, adelantó que en 2026 habrá un apoyo adicional para productores de maíz nativo del sur-sureste, en reconocimiento a su papel en la preservación de la biodiversidad y la cultura del campo mexicano.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué, explicó que los agricultores rechazaron fijar un “precio piso” porque buscan seguir negociando mejores montos con compradores e industrias. Detalló que el contexto internacional influye fuertemente: los precios del maíz han caído 21% en lo que va del año, alcanzando su nivel más bajo desde 2017, debido a una abundancia global de grano y a que México espera una cosecha récord este ciclo primavera-verano.
Del apoyo total, 800 pesos por tonelada provendrán del gobierno federal y 150 de los gobiernos estatales, beneficiando la producción de hasta 1.4 millones de toneladas, con un límite de 200 toneladas por agricultor. El programa de crédito “Cosechando Soberanía” se ampliará a todos los productores, con una tasa de interés de 8.5% anual y cobertura contra sequías, inundaciones o plagas.
El nuevo sistema de comercialización, considerado el componente más estructural del acuerdo, establecerá mecanismos para definir precios de referencia, promover acuerdos directos entre productores e industrias, y reducir el poder de los intermediarios vinculados a grandes corporaciones como Minsa, Maseca y Cargill.
Este acuerdo pone fin, al menos temporalmente, a las protestas de agricultores en siete estados del país, quienes rechazaban la propuesta inicial de un “precio piso” de 6 mil 50 pesos por tonelada y exigían un mínimo de 7 mil 200. Con la nueva negociación, el gobierno busca recomponer la relación con el sector agrícola y dar una salida estable a la tensión generada por la crisis de precios del maíz.
