Estados Unidos. – La administración del expresidente Donald Trump ha puesto en marcha una nueva estrategia migratoria que ha generado fuertes críticas por su dureza y posibles implicaciones legales: la cancelación masiva de números de Seguro Social de más de 6,300 inmigrantes legales y la revocación repentina de permisos a cerca de 300 estudiantes internacionales en universidades de todo Estados Unidos.
En el primer caso, los inmigrantes afectados fueron incluidos por el Gobierno federal en el “archivo maestro de defunciones”, privándolos de derechos básicos como el acceso a trabajo legal, seguros médicos, cuentas bancarias y beneficios federales. La medida, según voceros de la Casa Blanca, busca forzar la “autodeportación” al quitar los incentivos económicos para permanecer en el país.
Según reportes del New York Times y The Washington Post, esta maniobra se llevó a cabo en coordinación con la Administración del Seguro Social, tras recibir una lista de nombres enviada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk. En la lista se incluyen incluso menores de edad y personas que recibían asistencia médica o educativa. También se teme que la estrategia pueda extenderse a decenas de miles de inmigrantes más, incluyendo beneficiarios de programas como CBP One y el Estatus de Protección Temporal (TPS).
En paralelo, universidades como Harvard, Stanford y la Universidad de California han denunciado la cancelación abrupta de visas a estudiantes extranjeros, sin explicaciones claras. En algunos casos, las medidas se han vinculado a infracciones menores o participación en protestas propalestinas, lo que ha provocado un clima de incertidumbre, miedo y confusión entre estudiantes y centros educativos.
Abogados y expertos han advertido que estas acciones violan derechos de privacidad, exceden las competencias de las agencias involucradas y podrían causar daños financieros, emocionales y legales a miles de personas que residen legalmente en el país.
Con estas medidas, la administración Trump refuerza su promesa de deportaciones masivas, y abre un nuevo capítulo en su política migratoria, esta vez enfocada no solo en indocumentados, sino también en residentes legales y estudiantes internacionales.
