México. – La Fiscalía General de la República (FGR) no tiene planes de emprender acciones legales contra ningún funcionario o exfuncionario, incluyendo a Manlio Fabio Beltrones y al expresidente Carlos Salinas de Gortari, por presunta tortura a Mario Aburto, el único condenado por el asesinato del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.
Desde el 28 de noviembre de 2023, la FGR notificó a Aburto sobre la consulta presentada por la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura en la averiguación previa 2080/94, considerando que no se ha demostrado que el condenado haya sido víctima de tortura.
Aburto presentó un recurso de inconformidad que debe ser evaluado por la misma Fiscalía que determinó que no fue sometido a tortura.
Si esta decisión es ratificada, será responsabilidad del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, aprobar la no acción penal (NEAP) propuesta por la Fiscalía Especializada. Hasta que esto suceda, Aburto podrá solicitar un amparo para impugnar esa resolución y mantener activa la investigación sobre los presuntos actos de los que asegura haber sido víctima.
Según Sofía de Robina, a cargo de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT) del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), la FGR basó sus conclusiones en un análisis superficial de las pruebas presentadas por Aburto.
Aunque el Instituto no actúa en representación de Aburto como víctima en este caso, sino como condenado en el caso principal del asesinato de Colosio, como parte de la estrategia legal, en 2022 presentó una solicitud de amparo para instar a la FGR a investigar los presuntos actos de tortura contra su cliente.
El amparo fue analizado por el Juez Segundo de Distrito especializado en la Ciudad de México, quien instruyó a la FGR a separar esa investigación del caso Colosio y examinar todas las pruebas para emitir una conclusión en un plazo máximo de seis meses, que fue extendido por dos meses adicionales y finalizó el 1 de diciembre de 2023.
La FGR informó al juez que ha cumplido con la sentencia citando la propuesta de NEAP comunicada a Aburto el 28 de noviembre, cuya impugnación, según fuentes federales, aún no ha sido resuelta.
Por este motivo, el IFDP solicitó al juez que solicite a la Fiscalía que aclare si el titular del organismo, Alejandro Gertz Manero, ya ha aprobado la propuesta de NEAP para poder proceder con la solicitud de amparo.
Según los registros judiciales, el Instituto también presentó un documento en el que señaló las deficiencias que identificó en la propuesta de la FGR para no iniciar acciones legales contra ninguna persona por la presunta tortura sufrida por Aburto y cerrar el caso.
“Vimos cosas muy graves sobre el análisis de los estudios médicos y psicológicos conforme al Protocolo de Estambul y que están utilizando para argumentar que no tenían elementos para determinar la investigación de la tortura de otra manera, es decir, con la acción penal”, explicó de Robina.
“Al juez de amparo manifestamos que era lamentable que el cumplimiento se diera de esta forma en la que se simulaba de alguna forma el cumplimiento en tanto que se seguían realizando actos que son contrarios a los derechos humanos y al acceso a la justicia de Aburto”.
La queja original de Aburto acerca de los presuntos actos de tortura que afirmó haber sufrido se encuentra registrada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde presentó una denuncia señalando al expresidente Salinas y al entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, como los principales responsables de estos hechos.
En su denuncia, alegó que fue amenazado para que se presentara como el verdadero responsable del asesinato de Colosio y acusó a agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de cometer actos de tortura.
“En los que participó el entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, por órdenes, según él, supuestamente del presidente Carlos Salinas de Gortari”, indicó Aburto mediante el escrito realizado de puño y letra.
“Un simple obrero, humilde y honesto nunca tendría ninguna posibilidad real y verdadera contra su contraparte en el juicio y proceso: ni más ni menos que el mismísimo presidente de la República (Carlos Salinas de Gortari) y sus representantes el abogado penalista Juan Velázquez y todos los ministerios públicos y órganos jurisdiccionales salinistas que convalidaron con pruebas ilícitas, ilegales, prohibidas y anticonstitucionales”.
