Jalisco.-Apenas dos médicos institucionales en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara apoyan la práctica del aborto legal; a éstos se suman otros seis profesionales, dispersos en el interior del Estado. El resto ha manifestado “objeción de conciencia” para interrumpir gestaciones derivadas de violencia sexual.
Y en contraste, mil 986 mujeres fueron atendidas por violencia sexual en la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).
La falta de capacitación del personal de salud para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) es uno de las deudas que mantiene Jalisco en los trabajos que le fueron requeridos por el Gobierno federal para determinar o no, la necesidad de decretar la Alerta por Violencia de Género (AVG) en la entidad.
Hace un año, organizaciones de la sociedad civil solicitaron la declaratoria ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) -dependiente de la Secretaría de Gobernación- por los altos índices de feminicidios, desapariciones y violencia sexual contra las mujeres en el Estado.
Después de la petición, Conavim emitió una serie de medidas para que el Estado trabajase y se le dio un plazo de seis meses para implementarlas. Actualmente, el Gobierno federal está examinando qué tanto se avanzó.
Por su parte, hoy, dichas organizaciones difundieron un balance de los avances que se han concretado.
Entre los logros, se registran la capacitación en el Poder Judicial para juzgar con perspectiva de género –aunque aún no se emite una sentencia bajo esta visión-, la adopción del modelo de Ciudades Seguras de la ONU, la reforma al protocolo para investigar feminidicios, y el desarrollo del Programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Jalisco, pese a sus limitaciones.
En el caso de los rezagos, se identificó el nulo avance para fortalecer las órdenes de protección, homologar los modelos de atención municipal, la adecuación del Protocolo con estándares internacionales, falta de difusión de campañas preventivas, insuficiencias para desarrollar el Banco Estatal de Datos de violencia y reorganizaciones institucionales subjetivos.
Entre este diciembre y enero del próximo año, la Conavim dará a conocer el dictamen final, derivado de la evaluación.
Las organizaciones Calle Sin Acoso, Colectivo Lésbico Tapatío (Coleta), Católicas por el Derecho a Decidir, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), exigieron al Gobierno federal que no realice un reporte laxo.
De hacerlo, pondrían en riesgo los avances que se han logrado en la entidad, advirtieron; demandaron supervisiones físicas y la calificación a partir de indicadores objetivos, no de voluntades.
“Necesitamos que el grupo de trabajo visite el estado para corroborar lo que las autoridades municipaleses y el Gobierno estatal están planteando”, señaló María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir.
“Estamos pidiendo un dictamen muy contundente, claro, que permita determinar qué va a pasar. Pasa que cuando no se les decreta (a los estados, la Alerta de Género) y hacen faltan muchos pendientes, los gobiernos se relajan. Lo que venía avanzando ya no se continúa”.
