PIA.- El Congreso de Diputados español aprobó el jueves una serie de reformas propuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy que avanzan contra las movilizaciones, habilitan la deportación automática de inmigrantes y reinstaura la condena perpetua. La denominada “Ley Mordaza” -que sólo tuvo aval del oficialismo- prevé sanciones a las manifestaciones en las calles. El PSOE se unió al Partido Popular en el “Pacto Antiyihadista” bajo el argumento de “lucha contra el terrorismo”.
Se trata de un paquete de reformas impulsado por el oficialista Partido Popular (PP) que fueron calificadas como las “tres leyes más represivas aprobadas desde la caída del franquismo” por el medio local Kaos: modificaciones al Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y el denominado “pacto antiterrorista” entre PP y Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada por Diputados incrementa la sanción contra las manifestaciones y movilizaciones y las deriva al ámbito administrativo, lo cual concede mayor poder a las fuerzas policiales por sobre la posibilidad de defensa para dirimir la culpabilidad o la inocencia de los presuntos infractores. Sólo tuvo el aval de la fuerza del presidente Mariano Rajoy, con la negativa del resto de las bancadas legislativas -181 votos a favor, 140 en contra y una abstención-.
Como infracción “muy grave” se cuenta a las “manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas” que serán sancionadas con multas de entre 600 mil y 30 mil euros. Dentro de las “infracciones graves” se incluye la “perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas”, precisó el medio Nueva Tribuna. Las sanciones prevén multas que oscilan entre 30 mil y 600 euros.
En esa categoría también se contempla la desobediencia o resistencia a autoridades o las negativas a dispersar una reunión. A su vez, se sancionará “causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas” y el “impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales”, lo cual busca bloquear la resistencia a los desalojos. Como “faltas leves” se considerará a las manifestaciones no comunicadas a las autoridades y la exhibición de “objetos peligrosos con ánimo intimidatorio” y se sancionarán con multas de entre 100 y 600 euros.
Respecto a los inmigrantes, la reforma al Código Penal oficializa la “deportación en caliente” desde Ceuta y Melilla (norte de África) de personas que intentan cruzar en la frontera, lo que bloquea el acceso a un pedido de asilo o representación legal. La expulsión automática podrá ser aplicada como devolución sumaria, sin procedimiento formal.
“Pacto antiyihadista”
A su vez, el llamado “pacto antiyihadista” incluyó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras el argumento de penar “delitos terroristas”: a los condenados por actos terroristas con consecuencia de muertes se les aplicará la penar mayor recogida en el “vigente Código Penal”. Allí es clave otra reforma del Código Penal que reinstauró la cadena perpetua -abolida en España en 1928-.
Serán considerados como delitos de terrorismo “cuando tengan objetivos como subvertir el orden constitucional, alterar el funcionamiento de las instituciones, obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo o alterar gravemente la paz pública”, reseñó el Congreso de Diputados. La reforma también establece penas de prisión de entre ocho y catorce años “a quienes promuevan o constituyan organizaciones terroristas”, y de entre seis y doce “a quienes integren y participen en dichas organizaciones”.
Luego, la norma prevé penas de prisión “para quienes reciban entrenamiento militar con el objetivo de cometer actos terroristas, incluyendo quienes lo hagan a través de contenidos alojados en internet, o a quienes para ese fin se desplacen a un territorio extranjero controlado por una organización terrorista”.
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Fuente: PIA
