En el caso IAVE se advierte la voracidad de los priistas para hacer los negocios al amparo del poder, señaló Eloí Vázquez López, comisionado político nacional del PRD, es inaudito que se pervierta de este modo un servicio público como es el medio de pago electrónico para hacer uso de las autopistas más importantes del país, diversos estacionamientos, el Viaducto Bicentenario, la Autopista Urbana Norte, la Autopista urbana Sur y la Supervía Poniente de la Ciudad de México.
El desastre ocurrido el pasado 1º. de agosto, cuando una gran cantidad de usuarios al llegar a las casetas no podían hacer uso de su prepago porque debían sustituir su dispositivo IAVE por una nueva calcomanía, motivó que se registraran largas filas de usuarios con el consecuente bloqueo de la circulación en pleno fin de semana.
Este incidente, saca a la luz el presunto nexo de Enrique Peña Nieto, los nuevos concesionarios y el grupo Atlacomulco, por lo que el PRD ya solicitó que se iniciara una investigación sobre la licitación para la administración y renovación de suministros de telepeaje IAVE, y la razón por la que se pagará más caro a los concesionarios el paso por vehículo. Actualmente cobra 4.96 pesos por el cruce de cada vehículo, en comparación con los precios ofrecidos por los competidores que quedaron al margen en la licitación, de acuerdo con el documento de apertura de propuestas publicado en Compranet, estos fueron: Axtel, 4.58 pesos, ICA, 4.18 pesos, OHL, 3.26 pesos, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, 2.70 pesos y Axiompass, presentó dos precios para distintos tramos de 2.27 pesos, y de 3.97 pesos.
La duración del contrato es hasta 2018 y abarca la prestación del servicio de administración de la gestión de cobro, contratación de usuarios, comercialización, suministro del tag, y servicios administrados de antenas multiprotocolo.
El vínculo se origina cuando Roberto Alcántara Rojas, dueño de Telepeaje Dinámico, el nuevo operador de IAVE, seleccionado por Caminos y Puentes Federales, es pariente de Jesús Alcántara Núñez, quien además de ser socio de la empresa de autobuses ETN, fue suplente de Peña Nieto cuando este fue Diputado por Atlacomulco, y continuó su cercanía al inicio de su precampaña a la Presidencia dirigiendo “EPN Expresión Política Nacional”, además de que también fue asesor de un personaje clave de nombre Luis Enrique Miranda, el mejor amigo presidencial, quien a su vez despacha como subsecretario de Gobernación.
Alcántara Rojas un empresario que la revista especializada Expansión consideró en el número 79 de una lista de 100 en el año 2013, compró 9.3 % de las acciones del capital social de Grupo Prisa, es Consejero de este grupo y miembro de su Comisión Ejecutiva desde el 24 de febrero de 2014, de acuerdo con informes del grupo español. Es presidente del Grupo IAMSA, la compañía líder en servicios de transporte de pasajeros en el país, que está integrada por ETN, Flecha Amarilla y Omnibus, entre otras. Por lo tanto, en este caso en particular, una de sus empresas le cobrará a sus empresas de camiones de pasajeros el cruce por las casetas del país, lo que genera un conflicto de interés que debe ser investigado por el organismo que regula la competencia.
Anteriormente fue presidente de Bancrecer, uno de los bancos rescatados por el Fobaproa, también es propietario de la línea aérea de bajo costo Viva Aerobús, la que exhibió su poco profesionalismo en junio pasado por volar un avión con un parche en una de sus turbinas.
Podemos estar ante el empresario consentido del sexenio si se le co creta su prevención de ganar la licitación de alguna de las dos nuevas cadenas de televisión abierta digital, interés que expresó el 14 de mayo.
El cuadro se complementa con el hecho de que el hijo del ex gobernador priísta por Tabasco, Salvador Neme Castillo, es actualmente el director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Benito Neme Sastré, quien no posee ninguna experiencia en labores administrativas y mucho menos en administración de carreteras. Su mérito para estar al frente de esta entidad tan importante ha sido únicamente desempeñarse como abogado del PRI en procesos electorales, pero lo más importante: compadre de Enrique Peña Nieto.
La empresa de Roberto Alcántara Rojas ganó la licitación de Capufe, lanzada en abril de 2013, en la que participaron siete empresas más. Sin embargo, Mónica María del Rosario Rivera, Testigo Social designada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), asignada al proceso de licitación, mencionó en su conclusión del procedimiento de contratación, que no se atendieron sus recomendaciones con el fin de asegurar la transparencia y apego a las disposiciones jurídicas; promoción de la calidad, eficacia e imparcialidad en los procedimientos de contratación; y en la garantía de igualdad de condiciones entre los participantes. Al respecto, Benito Neme, director de Capufe aseguró que el informe de Rosario Rivera presentó irregularidades y fue entregado después del fallo de la licitación.
Nuevamente el partido en el gobierno está involucrado en un caso en donde se conjugan el influyentismo y el compadrazgo en detrimento de los usuarios, y en este caso, también de los recursos económicos que generan nuestras vías de comunicación. Estamos ante actos en que se aprecian indicios de tráfico de influencias y corrupción que afectan la normalidad del servicio de las tarjetas de telepeaje en perjuicio de los mexicanos, y un daño al patrimonio del Estado.Por ello deberá investigarse a fondo.
Por lo tanto, expresó Eloí Vázquez, independientemente de que el director general de Capufe, Benito Neme, presente un informe detallado al respecto, deberán fincarse responsabilidades a quien corresponda, porque es de interés nacional y afecta directamente a los usuarios que utilizan las vías de comunicación para sus labores productivas diarias.
Ya por último, recordó el Comisionado Político Nacional del PRD, en marzo del presente año, la bancada priísta en el Senado de la República, en un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria y turnado a comisiones para su análisis, exhortó a investigar los señalamientos y las averiguaciones iniciadas contra José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, ex director general de Capufe, de 2008 a 2011, para que la Procuraduría General de la República (PGR), investigue “los señalamientos de adquisición de equipos a sobreprecio y desvío de recursos públicos a cuentas privadas”, y a la SFP para que “informe sobre la investigación iniciada en agosto de 2010 y otras relacionadas con irregularidades y manejos en Capufe”. Con esa misma vara hay que medir las decisiones de Benito Neme, sin dar carta de naturalización a la impunidad, concluyó.