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EL CAMPO MEXICANO EN LA INCERTIDUMBRE NUEVAMENTE @EloyVazquez

El campo mexicano está en las prioridades de la izquierda, principalmente porque no estamos dispuestos a permitir la expropiación de las tierras que las leyes secundarias de la reforma energética establece que se realice en favor de las transnacionales en 130 municipios de 12 estados, además de las implicaciones negativas que le espera con el llamado “fracking”, que dejará las tierras inservibles y sin agua, por lo que compartimos con quienes forman parte del sector agroalimentario en el país sus muestras de preocupación por la próxima presentación de la llamada reforma al campo; afirmó Eloí Vázquez López, comisionado político nacional del PRD.

Según versiones oficiales, entre los objetivos que tendrá esta transformación al marco jurídico del sector agropecuario, se mencionan: el incrementar la producción agroalimentaria, para que los consumidores mexicanos tengan abasto a precios accesibles, incentivar a los pequeños y medianos productores para que sean parte de la transformación y se integren a las cadenas productivas para ir mitigando los rezagos en el sector agropecuario. Tomando en cuenta que en el país existen más de 31,000 ejidos, y el 53% de la superficie son ejidos y tierras comunales, acorde con cifras de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).



En los ejes que se proponen en esta reforma al campo se encuentran: Respaldar a los pequeños productores; mayor disponibilidad de fertilizantes mexicanos; facilitar el uso de semillas mejoradas y asegurar la sanidad de los productos; aumentar el riego en todo el país; otorgar mayor crédito y servicios financieros; sincronizar la oferta y demanda de productos agropecuarios y contar con un moderno marco legal para dinamizar el sector agroalimentario nacional.

Siempre hemos planteado desde la izquierda que la reforma al campo debe garantizar la soberanía alimentaria, y para ello, debe ser resultado de un consenso y no de una formulación de gabinete realizado por el poder ejecutivo con el fin de ofrecer un paliativo a los trabajadores agrícolas mientras se les despoja de sus derechos agrarios a través de las leyes energéticas; por lo que nos opondremos a esta nueva reforma, si en el análisis que realicemos resulta una nueva ofensiva del neoliberalismo para profundizar la desigualdad a través del fortalecimiento del financiamiento del que hoy gozan las grandes transnacionales de alimentos como Nestlé, Monsanto, Cargill, Gamesa, Bimbo, Bayer, PHI México, Dow Agroscience, Syngenta Agro, Bunge, quienes aprovechan ya más del 70% de los subsidios, mientras los pequeños productores difícilmente acceden a algo más allá de lo que significa el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO).

Los mínimos beneficios que representen para los productores estas medidas, no compensan el hecho de que la parte del león se las llevarán las transnacionales y es que de esa manera el titular de la SAGARPA Enrique Martínez y Martínez, cumplirá compromisos contraídos con sus aliados empresarios de las transnacionales agrícolas y alimentarias. Así el ex gobernador y empresario rural, que fue designado por Enrique Peña Nieto en el cargo como cuota y agradecimiento al grupo priísta del norte, por formar parte del círculo de exgobernadores que en una exclusiva residencia de Mission, Texas, le dio todo su apoyo, para que fuera el candidato presidencial del PRI.

Una reforma profunda del sector, enfocada a la soberanía alimentaria implicaría la sustitución de la actual, porque aunque tiene como objetivos el “propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar

las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo”. La estructura y las prácticas que tiene no son para cumplir esas tareas, ya que su papel ha sido por un lado el fortalecimiento del poder de los monopolios transnacionales en la agricultura, la agroindustria y la distribución de los alimentos, y por el otro el clientelismo con fines electorales a favor del partido del Gobierno y con el propósito de contener las demandas auténticas del movimiento campesino, por lo que la reforma necesaria en el sector tiene que cumplir el objetivo de: Asegurar (no sólo mejorar), el desarrollo integral del campo y la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos.

El mismo Enrique Martínez, ante la Confederación Nacional Campesina, brazo político del PRI, se ufanó en decir que “el sector primario registró un crecimiento de 5.1 % en el primer trimestre y es el más dinámico de la economía nacional”, por lo que el Comisionado Político Nacional del PRD, insistió en que: Si según el secretario de SAGARPA se tienen estos logros, pareciera contradictorio realizar una reforma en la materia, pero ese índice de crecimiento no expresa el nivel de desigualdad que hay en el campo mexicano, donde la mayoría de la población no tuvo el mismo trato que las privilegiadas transnacionales. Por lo que sólo será una reforma que propicie la equidad entre los productores del campo de todos los niveles y combata los privilegios de que hoy gozan las grandes empresas, pero ello no será posible si sus socios son los que toman las decisiones en la instancia gubernamental encargada del sector.

Por otro lado, manifestó Eloí Vázquez, condenamos la utilización de funcionarios de SAGARPA que han sido utilizados por el Gobierno Federal como enviados electorales, porque la mayoría de los subsecretarios y delegados en los estados del país, han sido altos mandos y operadores electorales del PRI en diversos estados de la república, por lo que su principal ocupación es afianzar la compra del voto y los compromisos electorales con miras al 2015, en lugar de realmente apoyar a los productores de las zonas rurales más apartadas.

Sólo por citar dos casos, Ricardo Aguilar Castillo, que se desempeña como subsecretario de Alimentación y Competitividad, fue presidente del PRI del Estado de México, desde el 2006 hasta el 2011, periodo en que la entidad mexiquense fue gobernada por Enrique Peña Nieto. Se trata de un cuadro experimentado en el uso de recursos de programas oficiales a favor de su oferta electoral.

Y también está el caso de Víctor Hugo Celaya Celaya, actual Coordinador General de Delegaciones, que en su trayectoria destaca que fue dirigente estatal del PRI en Sonora durante el gobierno de Armando López Nogales, y fue delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor en Baja California Sur y diputado federal por Sonora en la LVI Legislatura.

Con todos estos antecedentes, concluyó el Comisionado Político Nacional del PRD, se percibe que no hay un interés genuino en solucionar la problemática del campo mexicano, sino en beneficiar los negocios de los amigos y cumplir compromisos de campaña del Presidente con las empresas extranjeras. Los desatinos del equipo gobernante no han pasado desapercibidos para la ciudadanía como quedó plasmado en la reciente encuesta dada a conocer por el diario Reforma a principios de éste mes, realizada entre el 24 y 26 de julio entre mil 20 mexicanos de todo el país, en donde los ciudadanos tajantemente reprobaron con el 5.8, el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto, a casi dos años de gobierno. El crecimiento si no es acompañado de distribución equitativa, no genera desarrollo, y por el

contrario, como en este caso, profundiza la desigualdad, es contra lo que la izquierda debe seguir preparando la respuesta del pueblo.