México. – La distribución de ‘acordeones’ para inducir el voto en elecciones judiciales de este primero de junio estaría violando la ley electoral a pesar de las denuncias hechas por ciudadanos que evidencian una descarada operación partidista.
Especialistas en el tema electoral, consultados por este medio, aseguran que la elección del Poder Judicial tuvo grandes fallas de origen, pero en elección proceso la intervención del estado como del partido en el poder es obvia.
Apuntan que los reportes periodísticos diversos han documentado la distribución de ‘acordeones’ diseñados para inducir el voto en una elección judicial. Se atribuye su origen a gobiernos vinculados con Morena y
al mismo partido político, y se observa que promueven una lista predefinida de candidaturas judiciales.
Estiman que las principales irregularidades legales es la violación al principio de voto libre y secreto
que contraviene el artículo 41 constitucional e impide que el voto sea auténticamente libre y personal. Además, se suma la actuación coordinada de candidatos (coalición de facto). Un punto que se omite es que en elecciones judiciales está prohibida la asociación entre candidatos. La coordinación para promover listas comunes desnaturaliza el proceso.
Otro tema fundamental para llevar una elección equitativa es la prohibición de financiamiento conjunto, debido a que la Ley Electoral prohíbe la combinación de recursos entre partidos, gobiernos y candidatos. Por lo que sé
podría configurar uso indebido de recursos públicos y financiamiento ilegal.
Del mismo modo, el uso de recursos públicos con fines electorales estaría relacionado con la infracción al artículo 134 constitucional. Lo anterior puede implicar responsabilidad administrativa o penal para servidores públicos.
Los partidos políticos tampoco se salvan y su responsabilidad es conducirse conforme a la legalidad y equidad. De lo contrario, podrían ser sancionados con multas o pérdida de financiamiento.
En lo que se refiere a la posible coacción del voto, si el reparto de acordeones va acompañado de presión o incentivos, puede constituir delito electoral (Ley General en Materia de Delitos Electorales, art. 7).
Las implicaciones legales y políticas que podrían estar en riesgo es la nulidad de candidaturas o del proceso, si se acredita la coordinación ilícita. Al igual que la deslegitimación del Poder Judicial, por intromisión partidista.
Las autoridades tendrán que actuar con responsabilidad penal o administrativa en contra de funcionarios y actores políticos involucrados en el proceso electoral. Advierten que existe una alerta de regresividad democrática, con riesgos incluso a nivel internacional (evaluaciones sobre independencia judicial).
Recomendación
Instar a las autoridades electorales y de fiscalización (INE, TEPJF, FGR, ASF) a: Investigar los hechos, salvaguardar el principio de imparcialidad judicial y emitir medidas cautelares si procede.
