Por Redacción Monitor Expresso
Guadalajara, Jalisco.-La Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) deben poner especial atención en la operación del Instituto de Pensiones, en tanto que al Poder Legislativo le corresponde cambiar las leyes para evitar el manejo discrecional de los recursos en resguardo del mismo organismo, así como mejorar su operación permanente.
Así lo manifestó el diputado Hugo Rodríguez Díaz, durante la rueda de prensa que precedió al Foro “El Régimen de Pensiones en el Estado de Jalisco”, donde diversos especialistas hicieron aportaciones y observaciones respecto a qué debe mejorar el instituto que fue creado para dar y prestar beneficios a los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios.
Deficiencias en los servicios médicos que ofrece a sus afiliados, derroche en el manejo administrativo, inversión en desarrollos turísticos con aparentes irregularidades y préstamos financieros al propio Poder Ejecutivo, fueron algunos de los señalamientos hechos por el legislador.
“Hicimos una investigación a las tres áreas de servicios médicos, es un desastre y una gran corrupción: hemos encontrado negligencia en la entrega de medicamentos, en la atención y una serie de pagos millonarios que se desprenden de licitaciones fuera de norma.
“La inversión de Chalacatepec está vinculada con una empresa inmobiliaria española en quiebra. Otro tema es que hay una corrupción total en el área de préstamos, por ello estaremos pidiendo a la ASEJ y la Contraloría que haga una revisión a esta dependencia”, sostuvo Rodríguez Díaz.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, señaló que el foro no busca una confrontación con el Poder Ejecutivo ni particularmente con quienes dirigen el Instituto de Pensiones del Estado, sino hacer un análisis real de la situación que atraviesa el organismo y plantear propuestas y soluciones.
Durante el foro, el doctor en derecho Erick Eduardo López Martínez, quien aprobó ese grado académico con una tesis referente al Instituto de Pensiones del Estado, señaló entre otras deficiencias el hecho de que la ley no obliga a las dependencias públicas otorgar los beneficios a empleados temporales.
También criticó que la dependencia maneje inversiones inmobiliarias sin consultar a los trabajadores, pues “es un fondo generado por el trabajo diario de todos los trabajadores con el fin de tener ingreso a ciertas prestaciones, el Instituto no pertenece al Estado, sino creado por los trabajadores para beneficiarlos”.
Finalmente señaló que la reforma hecha a la legislación local para permitir las inversiones con recursos de los trabajadores no se habilitaron los candados suficientes para garantizar que ese dinero regresara al Instituto.
Por su parte, el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, advirtió que el tema de las Villas Panamericanas ha sido recurrente desde el año 2008, ya que se prestaron 340 millones de pesos por parte del IPEJAL en un proyecto que afecta de manera considerable a el medio ambiente, pues es dentro de la zona natural protegida y el Gobierno de Emilio González Márquez sabía que al realizarse el proyecto, se violentaba al medio ambiente, se generarían impactos en el subsuelo provocando grietas, existirían conflictos viales y falta de drenaje.
Cárdenas Ochoa argumentó que es necesario hacer modificaciones a la Ley de Pensiones del Estado para que “se deje de saquear como caja chica al IPEJAL y los trabajadores determinen en dónde invertir su recurso”.
El arquitecto y constructor Sergio Peraza Segovia expuso que a través de la ley se debe de anular el contrato de las Villas Panamericanas, para evitar que políticos y empresarios se enriquezcan con los recursos de los trabajadores y para ello es necesario que las personas conozcan las irregularidades que existen y no permitan que se urbanice la zona para crear negocios privados con recursos de los servidores públicos.
Aseguró que un problema muy grande es la urbanización de la zona, ya que la cantidad de vehículos que circularán colapsará las arterias. Puntualizó que es importante saber quién va a financiar el tema del agua, ya que se requiere mucho el tratamiento del agua y es uno de los temas que se deben esclarecer.
Martha Elia Naranjo Sánchez, secretaria del Sindicato de Trabajadores del DIF, sugirió que se haga un análisis general específico para poder proponer una reforma y fincar responsabilidades a quienes afecten la economía y el futuro de los pensionados, ya que esto no sólo afecta al trabajador sino a todos sus familiares; en tema de salud en el sistema pensionario de México se han tenido problemas con las reformas que no son en beneficio del trabajador, sino para hacer negocios con dinero de trabajadores.
“El que se dice representante de los trabajadores que hoy no da la cara y que debe ser uno de los primeros en dar el informe es Juan Pelayo Ruelas y tiene que venir a dar la información estemos o no afiliados a sus organizaciones, él se ostentaba como representante y hoy tiene que venir a explicarnos por qué ha convalidado cosas que nos perjudican a nosotros”, testificó Naranjo Sánchez.
Agregó que las clínicas son insuficientes, tienen desabasto de medicamentos requieren de más personal médico. Señaló que se necesita tomar acciones y trabajar con Pensiones del Estado para que se garantice una administración pública transparente; informó que son alrededor de 120 mil trabajadores los que cotizan para el IPEJAL, de los cuales alrededor del 35 por ciento son personal del magisterio y el resto pertenece al servicio público los cuales serán los afectados en temas de salud.
Puntualizó que la atención es una falacia en la que se paga por todo, apretando siempre la economía del trabajador, y exhortó a los pensionados a que levanten la voz en el Congreso del Estado y pedirle la rendición de cuentas a Juan Pelayo López.
Finalmente, el Legislador Hugo Rodríguez Díaz informó que este será el principio de una serie de Foros que se llevaran cabo en distintas Universidades para realizar las posibles modificaciones a la Ley de Pensiones del Estado.
