Morelia, Michoacán.- En la recta final del presente gobierno de Michoacán, han surgido rumores de que la Secretaría de Salud, Diana Celia Carpio Ríos abandonará su cargo para irse la Secretaría de Salud de Jalisco.
Por tanto, al interior de las oficinas se habla de que ya está preparando su entrega recepción y que posiblemente este cambio se realizará a finales del presente mes de julio.
Y también se maneja que el sucesor de Carpio Ríos podría ser el director de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, Carlos Ramos Esquivel.
Celia Carpio, maestra en Salud Pública con Área de Concentración de Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública, tiene amplia trayectoria en el sector salud. Se ha desempeñado como médico general de la Misión Tarahumara en la “Clínica Santa Teresita Creel” y ha sido servidora pública en las secretarías de Salud de los estados de Puebla, Tlaxcala y Michoacán.
En Michoacán fue directora General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y enlace para la gestión de recursos federales destinados al mejoramiento de infraestructura hospitalaria, ambulancias, equipo, medicamentos e insumos.
Asimismo, ha ocupado cargos como directora de Sistemas de Vacunación Universal, en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; y directora general de Gestión de Servicios de Salud, en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
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Es socia de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, fundadora de la Sociedad de Salud Pública y Administración Sanitaria de Puebla, siendo designada presidenta de la Mesa Directiva en 2009; asesora Permanente de la Sociedad de Salud Pública y Administración Sanitaria de Puebla, desde 2011.
Su desempeño ha sido apoyado por la mayoría de los sindicatos de Salud, sin embargo, deja también a la deriva la clarificación de las irregularidades en el manejo de los recursos dentro del Sector Salud en Michoacán, y particularmente de lo que fue el Seguro Popular.
En 2013 dentro de este programa en Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación determinó un posible daño a la hacienda federal por mil 408 millones 295 mil 800 pesos.
La Auditoría encontró que el gobierno estatal transfirió recursos destinados al Seguro Popular a cuentas bancarias distintas sin reportar su reintegro; que pagó a personal que ya había sido dado de baja; que pagaron a empleados que no contaban con la documentación requerida, así como a comisionados sindicales.
En 2014, la Auditoría detectó irregularidades por mil 204 millones 949.2 mil pesos, integradas 1.1 mil millones pesos por el saldo bancario en la cuenta del programa en la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán de los cuales no acreditó su transferencia al organismo ejecutor; 24.1 millones por transferir recursos del Seguro Popular 2014 a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa; 2.01 millones por destinar recursos del Seguro Popular para adquirir medicamentos a un precio superior al de referencia y medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud: y 1.2 millones de pesos por el pago a cuatro servidores públicos comisionados al sindicato, que realizan actividades distintas a las del servicio de atención a los afiliados del Seguro Popular.
Igual pasó en 2016, sin embargo en 2018, con los cambios en la Auditoría y a la fecha no hubo respuesta a las investigaciones.
