Por Redacción Monitor Expresso
Morelia, Michoacán.-Octavio Ocampo Córdova, integrante del primer círculo del gobernador Silvano Aureoles Conejo y actual presidente municipal de Tuzantla, desacata desde hace más de un año la sentencia del Juicio Mercantil 1136/2015/EM que lo obliga a reembolsar 630 mil pesos, intereses del 3% mensual sobre dicha cantidad de junio del 2015 a la fecha y el pago del abogados a Joel Martínez Urquiza, originario de ese municipio y quien le dio esa cantidad a hoy edil para la adquisición de una retroexcavadora del Programa de Maquinaria Agrícola 310 SK-4×4.
El juicio contra Ocampo Córdova arrancó en noviembre de 2015 y concluyó en abril de 2016, luego de que de que Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Civil, Zitácuaro, Michoacán, recibió y evaluó todas las pruebas que le presentaron tanto la parte acusadora como el acusado.
En un voluminoso expediente de casi 200 folios tamaño oficio está plasmada la forma como el alcalde de Tuzantla buscó alargar y ganar el proceso.
Ante la presentación, por parte de la defensa de Martínez Urquiza, de un pagaré por 630 mil pesos que firmó de puño y letra, el edil y sus abogados argumentaron una y otra vez que la firma era suya pero que lo hizo en un documento que no tenía acreedor, avales y fecha de expedición, entre otros datos que debe llevar todo pagaré.
Para despejar esas dudas, las autoridades judiciales recurrieron a peritos en la materia por parte de ambas partes. Prevaleció el argumento de los abogados de Martínez Urquiza.
Otra maniobra que utilizó la defensa de Ocampo Córdova es que éste no recibió 630 mil pesos de Martínez Urquiza, sólo 150 mil pesos y que la suma restante la habría entregado Wendy Esperanza Macías Parra, quien se encuentra recluida en el Centro de Alto Impacto, ubicado en la localidad de Zurumbeneo, municipio de Charo, por la comisión de delito de extorsión.
De la lectura del expediente se desprende que la defensa del edil tuzantleño quiso de mil maneras ganar tiempo para cansar a la parte acusadora, ya que no atendían con prontitud y atingencia los requerimientos judiciales.
Los abogados de Ocampo Córdova llevaron hasta los límites máximos los tiempos para responder y el eje de su defensa es que el alcalde sólo recibió 150 mil pesos y que firmó un pagaré prácticamente en blanco y que fue alterado posteriormente a la fecha de emisión: el 23 de junio de 2015.
Desde noviembre de 2015 a abril de 2016, las partes en conflicto se enfrascaron en proceso que parecía interminable, sobre todo porque la defensa del presidente municipal de Tuzantla no coadyuvaba para que cristalizara la máxima jurídica de “rápido y expedito”.
Finalmente, en la última semana de abril de 2016 Ocampo Córdova pierde el juicio, se le ordena reembolsar los 630 mil pesos, el pago de 3% de intereses sobre esa cantidad de junio de 2015 a la fecha y hacerse cargo de los honorarios de los abogados de Martínez Urquiza.
Las autoridades judiciales determinan además que en un plazo perentorio el alcalde cumpla con sus obligaciones, en caso contrario se procedería al embargo de bienes.
Ciudadano que se comprometió a respetar la Carta Magna y todas las leyes emanadas de la misma al asumir la jefatura de la Comuna de Tuzantla, Ocampo Córdova elude hasta hoy el cumplimiento de la sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Civil, Zitácuaro, Michoacán.
En el expediente ha quedado asentado cómo el funcionario público hace caso omiso de sus responsabilidades para evitar el embargo.
Hasta la fecha el poder judicial del estado no ha aprobado el uso de la fuerza pública para obligar al edil a acatar todos y cada uno de los puntos de la sentencia.
Martínez Urquiza también presentó una formal Denuncia y/o Querella Penal el 26 de septiembre pasado contra Ocampo Córdova y Wendy Esperanza Macías Parra por la comisión de delitos de fraude, abuso de confianza y los que resulten.
En una relatoría de cinco folios tamaño oficio detalla la forma como Ocampo Córdova y Macías Parra lo convencieron para entrar a un programa para adquirir máquinas retroexcavadoras y tractores a bajo precio.
Lo convencieron de entregar 630 mil pesos para adquirir una retroexcavadora 310 SK John Derre nueva y con martillo. Documenta cómo entrego, vía transferencia bancaria electrónica la suma de 480 mil pesos. La parte restante (150 mil pesos) dice que la dio días después en mano a Ocampo Córdova.
Desde ese día (23 de junio de 2015) empezó el viacrucis de Martínez Urquiza. Lo traían a las vueltas. Incluso viajó a Jiquilpan para firmar ante el titular de la Notaria Pública 164, Antonio Gudiño Sánchez, la documentación que presuntamente ampararía la compra y entrega del equipo.
Nada de eso se cumplió de manera tal que decidió entablar el Juicio Mercantil 1136/2015/EM, que ya ganó pero cuyas disposiciones rechaza acatar el alcalde de Tuzantla.
La misma experiencia que sufrió Martínez Urquiza la habrían padecido al menos otra docena de habitantes de Tuzantla.
Se desconoce si esos afectados recurrieron a las instancias judiciales correspondientes para recuperar su dinero, recurso –aseguran algunas personas de ese municipio- que Ocampo Córdova habría utilizado en la campaña que lo llevó a ganar la presidencia de Tuzantla.
Martínez Urquiza plasma lo siguiente en la denuncia Denuncia y/o Querella Penal que interpuso ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro:
“Ocampo Córdova me mando a buscar para que me presentara en la presidencia municipal el día 5 de octubre del año 2015 a las 13:00 horas…acudí y me dí cuenta que había más con el mismo problema…El presidente nos dijo que no nos iba a entregar ni las máquinas, ni los tractores y que tampoco nos iba a regresar nuestro dinero, que nos iba pagar a través de los recursos sociales que llegaran al ayuntamiento y que serían en especie: cemento, varilla, tabique, lámina de cartón, arena, grava, piedra, corrales, bodegas”.
