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Denunciarán penalmente a Gobierno de Guadalajara por desacato en Arboledas del Sur

Foto: Guadalajara Gobierno (archivo)

Jalisco.- Los abogados del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) anunciaron la denuncia penal que se interpondrá en contra de las autoridades de Guadalajara por desacato judicial, luego de que violentaron la suspensión de plano otorgada a favor de la comunidad indígena Santa María Tequepexpan, en el caso del bosque Arboledas del Sur.

La querella se realizará contra el Alcalde interino, Enrique Ibarra; la Síndico, Bárbara Casillas; el Secretario General, Óscar Villalobos; el Comisionado del polígono nueve de la Policía municipal, Aldo Monjardín; el director de Bosques Urbanos, Israel Ochoa; así como contra todos los regidores del Ayuntamiento.

Desde el 7 de junio, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo de Tercer Circuito otorgó la medida cautelar al asentamiento originario, como parte de la lucha por restituir sus terrenos ancestrales. Cuatro días después, el Gobierno municipal de Guadalajara fue formalmente notificado.

La suspensión abarca un polígono que también considera al bosque Arboledas del Sur, sobre el que pesa el conflicto.

En agosto del 2017, y alegado la nula posibilidad de ganar un juicio debido a errores de administraciones pasadas, el Ayuntamiento tapatío aprobó un convenio judicial con la Inmobiliaria de 10, en el que la autoridad cedió 35 por ciento del terreno a la empresa. A cambio, se acordó que la compañía debía entregar 24 millones de pesos para rehabilitar el espacio que quedaba como propiedad municipal, y convertirlo en un parque urbano.

Sin embargo, el proyecto de intervención del bosque y el convenio en sí, provocaron el rechazo de los vecinos del lugar, quienes desde el miércoles se han mantenido en una situación tensa con policías municipales que resguardan las obras. Ayer lunes, nueve ciudadanos resultaron detenidos, mismos que ya fueron puestos en libertad.

Aunque aceptó la notificación formal, el Presidente municipal interino afirmó que no se ha concretado algún desacato judicial. Anunció que preguntarán directamente a la justifica federal cuáles son las acciones concretas que no pueden realizar en el bosque debido a la suspensión de plano. Hasta no obtener la respuesta formal, las obras continuarán, sostuvo.

Según mostró el IDEA, la suspensión ordena a las autoridades la abstención de: privar a la comunidad indígena de la propiedad, posesión, disfrute, manejo y conservación de una amplia superficie que incluye al bosque. Igualmente, impide validar usos de suelo con obras de infraestructura, la remoción de cubierta vegetal y obstaculizar el libre acceso al bosque.

También imposibilita al Municipio para obstruir los trabajos de reforestación, plantación y cuidado de árboles de la comunidad.

“No importa lo que dice la autoridad, es lo que diga el Poder Judicial”, señaló Pedro León Corrales, “si está prohibida la posesión y disfrute de la comunidad indígena, los actos públicos están afectando y están desobedeciendo una suspensión”.

Asimismo se anunció la intervención del relator especial de Naciones Unidas, y una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el Artículo 262 de la Ley de Amparo, los funcionarios podrían ser sancionados con hasta nueve años de prisión, multa de hasta 500 días de salario, o la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar cargo público.