México. – El desplazamiento forzado de comunidades indígenas en el sur del país se ha intensificado en los últimos días debido a la presencia de grupos armados, amenazas del crimen organizado y conflictos internos, principalmente en zonas limítrofes entre Chiapas y Oaxaca.
En redes sociales, particularmente en TikTok, circula un video publicado por el usuario @wndrmer2 en el que se observa a personas caminando en la oscuridad. En la grabación, una mujer hace un llamado urgente a la intervención de los gobiernos federal, estatal y municipal de Oaxaca, al denunciar que habitantes desplazados de Chiapas están huyendo por amenazas del crimen organizado, el cual ahora también estaría intimidando a comunidades oaxaqueñas. Según el testimonio, los grupos armados buscan obligar a los pobladores a firmar un documento para rechazar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, con el fin de operar libremente en la zona.
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Habitantes de la comunidad José López Portillo (Chocomatlán), perteneciente al municipio de Santa María Chimalapas, Oaxaca, denunciaron el ingreso de grupos armados a su localidad y emitieron un llamado urgente a las autoridades. De acuerdo con los pobladores, tras la detención del presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, Ernesto Cruz Díaz, presuntos grupos delictivos incursionaron en territorio oaxaqueño y comenzaron a amenazar a comunidades fronterizas.
Ante el clima de violencia, la noche del jueves mujeres, niños y adultos mayores de José López Portillo se vieron obligados a abandonar sus hogares y desplazarse a zonas más seguras, por temor a represalias y ataques armados.
El pasado miércoles, autoridades federales y estatales detuvieron al alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, así como al ex tesorero Reynol Valencia Cruz y a la ex síndica Anayeli Reyes Clemente, acusados de corrupción y presuntos vínculos con grupos delincuenciales. Tras estas detenciones, se reportó la movilización de grupos armados hacia comunidades de Oaxaca colindantes con Chiapas.
En paralelo, en Chiapas, al menos 19 familias indígenas de la comunidad San Miguel Mitontic, en el municipio de Ixtapa, se encuentran en riesgo inminente de desplazamiento forzado, según informó Milenio. De acuerdo con el testimonio de Elia Méndez Pérez, las familias han sido víctimas de presuntas multas arbitrarias, amenazas y la suspensión de servicios básicos por parte de autoridades ejidales.
Las sanciones económicas han alcanzado montos de hasta 30 mil pesos por persona y, posteriormente, multas colectivas por la misma cantidad, además de nuevos intentos de cobros de 15 mil pesos por integrante, incluidos jóvenes y personas que no residen actualmente en la comunidad. Las familias denunciaron que no se les permite defenderse y que estas acciones buscan presionarlas para abandonar cerca de 100 mil metros cuadrados de tierras.
La situación humanitaria se agravó luego de que, desde hace 11 días, se suspendieran los servicios de agua potable y energía eléctrica, afectando a niños, adultos mayores y recién nacidos. Organizaciones de acompañamiento informaron que el caso ya fue turnado a instancias estatales y que la Fiscalía General del Estado de Chiapas integra carpetas de investigación por despojo, amenazas, extorsión y abuso de autoridad.
El conflicto también involucra al pastor Manuel, propietario legal de un predio destinado a la construcción de un templo comunitario, quien denunció amenazas de muerte, una multa superior a un millón de pesos y la prohibición de ingresar a su terreno, lo que lo obligó a abandonar la comunidad.
Las comunidades afectadas en Chiapas y Oaxaca reiteraron su llamado urgente a las autoridades para frenar las violaciones a derechos humanos, evitar el desplazamiento forzado, restablecer los servicios básicos y garantizar la seguridad e integridad de las familias.
