Jalisco.- Tras la denuncia pública de casos de acoso y hostigamiento sexual en la Universidad de Guadalajara (UdeG) el Rector General, Miguel Ángel Navarro, y el abogado general, Francisco Javier Peña Razo, demandaron respeto a la dignidad de los presuntos agresores.
“Todos estos procesos son delicados porque afectan la figura y el prestigio profesional de un docente en el caso de acusaciones falsas. Los docentes también tienen familia, tiene hijos y hemos tenido casos de acusaciones falsas donde al final, la chica o las chicas que lo acusaban se retraen y aceptan que fue por una calificación que no les gustó o cosas de ese tipo”, sostuvo Navarro.
“Tan grave es una acusación falsa como cuando se verifica el hecho y el culpable debe ser sancionado. Pero como son temas sensibles socialmente tenemos que manejarlos con el sigilo que las averiguaciones requieren. No podemos decir ahorita ‘fulano de tal’ está siendo investigado porque ya le aplicamos una sanción social que puede ser injusta, hasta que tenemos elementos de prueba para sancionar no podemos dar los nombres. Debemos proteger la dignidad de la persona hasta que no se compruebe (lo contrario)”.
Solicitó además, evitar “linchamientos mediáticos”.
Por su parte, Peña Razo que además de la denuncia penal que se desahoga directamente ante el Ministerio Público, existen dos posibilidades de ruta interna ante una denuncia en la Universidad: la administrativa y la laboral. En la primera se conmina hacia las autoridades de cada dependencia o en su caso, a la Comisión de Responsabilidades del Consejo Universitario. No obstante, sobre el trabajo de dicha Comisión no existe registro público de su funcionamiento desde el año 2013.
Respecto a la laboral, sólo existe un periodo de 30 días entre los hechos ocurridos y la posibilidad de una consecuencia. De otro modo, el evento prescribe, defendió Peña Razo, argumentado dicha estipulación en la Ley Federal del Trabajo.
Aludiendo al principio de presunción de inocencia, se estableció la imposibilidad de separar a un imputado de un delito sexual de su trabajo, toda vez que esto se interpretaría como el veredicto de un juicio anticipado.
“Es muy importante la inmediatez de las denuncias si estamos recibiendo un denuncia años posteriores, ¿hasta dónde hay ya la necesidad de separar a una persona del cargo? Si la agresión es inminente, automáticamente tomamos las medidas. Pero ¿por qué sucede esto?, ¿por qué hasta dos, tres años después se animan a hacer una denuncia? Esa es una pregunta, y muchas veces encontramos que hay cuestiones también de carácter de ‘otro tipo’ de interés en esos casos”, dijo el abogado general.
“Tenemos que escuchar y ver las pruebas que aportan las partes, todo mundo tiene el derecho a un debido proceso y eso nuestra Constitución nos lo dice”.
Avanzan sin perspectiva de género
Contrario al razonamiento del abogado general, la activista feminista y académica de la misma UdeG, Patricia Ortega, exhibió la falta de perspectiva de género en el tratamiento de las denuncias por parte de las autoridades en donde, dijo, es indispensable la activación de medidas cautelares para no revictimizar a las afectadas, lo cual no significa en ningún momento la violación de la presunción de inocencia del señalado.
“Se parte del supuesto del que este tratamiento de la violencia de género es igual que cualquier otra conducta delictiva. (Las autoridades de UdeG) no están reconociendo la característica fundamental, que es justo esa cuestión de desigualdad de poder en el caso del acoso y del hostigamiento. El problema es que el comportamiento se está llevando a cabo justo donde se establece la relación”, ahondó.
“Se tiene que separar de su cargo para poderle dar la validez completamente a la palabra de la mujer y permitir que ella siga realizando su actividad normal, sin la presencia del presunto responsable y entonces hacer una investigación rápida. Si no hay responsabilidad se le regresa a su cargo, se da una explicación pública para que no se vea afectada su imagen”.
En el ámbito penal, la figura de la órdenes de protección otorgadas a una víctima de violencia de género establecen medidas que implican restricciones al probable agresor aún antes de ser vinculados a proceso (de ameritarlo), como incluso, el impedimento para entrar a su propia casa y recuperar pertenencias.
Mantiene cargo coordinador de Antropología acusado de hostigamiento sexual
Peña Razo también dio a conocer que el coordinador de la carrera de Antropología del CUCSH, Horacio Hernández, acusado por la académica Tanya Méndez y la alumna “Cynthia” de hostigamiento sexual, hasta el momento se mantiene en su puesto.
“Los hechos sucedieron hace años, por lo tanto consideramos que desde el punto de vista laboral, en este momento no podemos intervenir”, detalló y anunció que el caso se analiza en la Comisión de Responsabilidades del CUCSH y en su caso, será turnado al Consejo General Universitario, máximo órgano de la UdeG.
“En este momento nos le puede suspender porque estamos en procedimiento de carácter administrativo”, dijo, “además como tiene una representación tenemos que ver que exista un indicio de responsabilidad entonces si está la denuncia ya presentada, tenemos que escuchar a la persona que ha sido denunciada, tendrá que valorar esta comisión si existe algún tipo de responsabilidad”.
Por su parte, el Secretario General de la UdeG, José Alfredo Peña Ramos, quien ha sido vinculado con Hernández, aceptó que existe una amistad entre ambos, pero se deslindó de éste.
“Ni protejo ni prolijo este tipo de conductas”, dijo, “su conducta es su responsabilidad”.
Indignan autoridades
Luego de la rueda de prensa de las autoridades universitarias, en la que además se anunció la construcción del “Protocolo de Actuación para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual”, una línea de denuncia y la figura del “ombudsperson” para estudiantes, las integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres – CLADEM manifestaron su rechazo a las declaraciones de los funcionarios, que colocaron en entredicho las denuncias de las afectadas.
“Exigimos cese el manto protector de impunidad que les ha cobijado históricamente, exigimos la separación inmediata del cargo del coordinador de la carrera de Antropología del CUCSH, exigimos se tomen las medidas precautorias y cautelares necesarias que brinden protección y seguridad a las víctimas denunciantes de este caso y de los que se presenten”, expresaron mediante un comunicado.